Bogotá — Se cumple una semana desde que el Gobierno Petro, en cabeza de la Superintendencia de Salud, intervino a las EPS Sanitas y Nueva EPS. Desde entonces, son distintos los actores que han plasmado su preocupación sobre el presente y futuro del sistema de salud, más aún cuando Compensar, una de las Cajas de Compensación Familiar con mayor tradición en el país, pidió autorización para liquidar su EPS de forma voluntaria.
Pues a la crisis se suma otra arista: gremios del sector salud exigen al Ejecutivo las aclaraciones, motivos y razones jurídicas que llevaron a esas intervenciones, alegando que en esas actuaciones administrativas puede haber vacíos jurídicos.
Guillermo Agamenón, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que señaló que en las intervenciones “se evidencian posibles vacíos jurídicos que, eventualmente, pueden traer consecuencias jurídicas que no solo colocan en riesgo su vida jurídica sino que afectan de manera seria el sistema de salud y la prestación del servicio”.
Además, que los pronunciamientos del Gobierno Nacional que acompañan estos actos administrativos ahondan la crisis porque “lejos de dar esa seguridad jurídica, nos dejan inquietudes que requieren ser resueltas de manera inmediata”.
La Asociación advierte que no existe claridad de cómo el Estado va asumir la prestación de servicios en los distintos niveles de atención, en ninguno de los tres niveles, principalmente porque los distintos actos administrativos que se han promulgado con relación al sistema de salud que se quiere implementar, solo se centran en la atención básica, dejando de lado la baja, mediana y alta complejidad, lo cual, argumentan, coloca en riesgo la prestación del servicio oportuna y de calidad y por obvias razones la salud de los colombianos.
“Se ha evidenciado que la primer medida que se toma en las intervenciones y posteriores liquidaciones de las EPS es la terminación de los contratos con los prestadores y consecuentemente la terminación de los contratos, laborales y de prestación de servicios, sumado al hecho que las deudas con el talento humano en salud, cuando se toman este tipo de medidas son las últimas en pagarse, desconociendo la obligación inmediata que tienen los pagos laborales y la puesta en riesgo de los derechos fundamentales y laborales de los trabajadores de la salud”, dice la misiva.
Por otro lado, la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI) expresó que los retos y desafíos que afronta el sistema de salud colombiano no son distintos de los que suceden en el resto de países y que están fundamentados principalmente en la necesidad constante de aumentar los presupuestos para alcanzar las coberturas deseadas y asegurar de manera progresiva y efectiva el goce del derecho a la salud.
A lo que agregó que hace un llamado a las autoridades nacionales para observar el debido proceso en todas sus actuaciones, en defensa de los más de 50 millones de colombianos afiliados a las EPS.
En toda esta crisis la lupa ha estado sobre la situación financiera de las EPS, sobre la cual hay muchas dudas en el ambiente. Y es que recientemente se habló de un informe de la Contraloría General de la República, sobre el manejo de los recursos que han hecho las EPS, que indica que entre 2020 y 2021 al menos 18 EPS habrían desviado recursos por COP$9 billones.
No obstante, el ente de control aclaró que corresponde a un informe preliminar, que aún se encuentra en etapa de traslado de observaciones a las distintas EPS, con el fin de que puedan responder los cuestionamientos y observaciones allí consignados.
Además, que en los casos en que existan los presupuestos para formular hallazgos fiscales por presunto detrimento patrimonial se realizarán los análisis jurídicos necesarios para abrir los procesos de responsabilidad fiscal como lo prevé la ley.
El PMU que instaló el Gobierno Petro
Por instrucción del presidente Petro Urrego, este martes nueve de abril se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Salud, que hará una evaluación permanente al modelo de salud en el país, con énfasis las EPS intervenidas, “garantizando que continúen prestando sus servicios y que todos los afiliados reciban la mejor atención en salud”, según indicó el Ejecutivo.
Se trata de un centro de monitoreo de la salud, liderado por el Ministerio de Salud e integrado por la Superintendencia de Salud, los interventores, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, con participación de los usuarios de la salud.
Adicional a eso, se dio apertura a los entes de control para que hagan veeduría y vigilancia de los recursos del sector y garanticen el goce efectivo de los derechos a la salud de la población colombiana.
“En este marco, el Gobierno insiste en la importancia de avanzar en la implementación del modelo de Salud para la Vida, preventivo, predictivo y resolutivo, orientado a mejorar el acceso a los servicios de salud y a garantizar el derecho fundamental a todas las personas en el territorio nacional, sin discriminación alguna”, destacó la Presidencia de la República.
Y añadió que el eje de este modelo de salud es la Atención Primaria en Salud (APS), estrategia que busca acercar los servicios de salud a la población, promover el desarrollo de condiciones de vida dignas y facilitar la acción comunitaria.
