Bogotá — La Ley de Financiamiento, que en el fondo es otra reforma tributaria, ya comenzó su paso por el Congreso de la República en Colombia en medio de críticas de expertos que aseguran que no solamente es innecesaria, sino que además la consideran inconveniente.
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Cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que necesitaba COP$12 billones para completar los recursos del Presupuesto 2025 comenzaron las críticas, pero cuando entregó el articulado del proyecto, las críticas fueron más fuertes.
En entrevista con Bloomberg Línea la codirectora del Banco de la República, Bibiana Taboada, aseguró que “en el fondo es buscar permiso para endeudarse más, y así lo verán los inversionistas, mientras que José Ignacio López, presidente de ANIF, dijo en un foro en Bogotá que “la ley de financiamiento no busca recaudar más impuestos, sino ampliar el cupo de crédito”.
Ante las críticas y las voces que desde el Congreso invitan a rechazar el proyecto, el presidente Petro ha insistido en que es una reforma clave para reactivar la economía.
“El recaudo esperado a partir de 2026 sería inferior a 0,2% del PIB, lo cual evidencia que la Ley de Financiamiento no tiene un enfoque estructural y probablemente el próximo gobierno tendrá que presentar otra reforma tributaria”, explica Corficolombiana en un documento que analiza la propuesta del Ejecutivo.
Reforma innecesaria
Para los expertos de Corficolombiana, la ley propuesta por Petro y su ministro Bonilla es innecesaria en la media en que ven espacio suficiente para recortar los gastos de funcionamiento en el PGN del 2025.
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“El PGN de 2025 tiene espacio para ser recortado, especialmente en gastos de funcionamiento que aumentan de una forma desproporcionada que no se compadece con la situación económica y fiscal del país”, dice el documento. Vale recordar que desde la firma entregaron un informe sobre las posibilidades que tenía el Gobierno para encontrar recursos sin presentar una nueva tributaria.
Esa es una conclusión a la que llegan varios economistas. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró luego de que el Congreso rechazara el monto que presentó el Gobierno que “el presupuesto que se envió al Congreso se sale de proporción frente a las capacidades fiscales del gobierno Petro”.
Y es que, según el exministro de la administración de Juan Manuel Santos, el de Petro es un presupuesto hecho para darle oxígeno al presidente en el año preelectoral, “en un momento en que la prioridad no es generar prosperidad, o frenar la toma territorial que están haciendo los grupos criminales, sino mejorar su favorabilidad”.
Pero no es el único exministro que critica el presupuesto que presentó Petro, Juan Camilo Restrepo dijo que “la discusión entre el gobierno y el congreso puede resumirse en que el gobierno quiere incluir a toda costa e indiscriminadamente tanto los recursos originales como los de la reforma tributaria. Mientras que el congreso quiere excluir -con buen criterio- del monto del presupuesto los COP$12 billones que se piensan recoger con la reforma tributaria pues son aún inciertos”.
Corficolombiana además criticó que “preocupa la inclusión de un componente verde en la Regla Fiscal que excluye del Balance Primario Neto Estructural (BPNE) gastos de hasta 0,3% del PIB anual entre 2025 y 2030 (1,8% acumulado) y 0,15% adicional entre 2031 y 2035 (0,75% acumulado). Esta medida busca “cerrar la brecha de financiamiento climático del país” y, según el gobierno, sería autofinanciable en el mediano plazo. Flexibilizar la Regla Fiscal debilita su credibilidad para garantizar la sostenibilidad fiscal, lo cual aumentará los niveles de deuda pública y presionará al alza la prima de riesgo país y las tasas de interés de largo plazo”.
El proyecto del Gobierno propone reducir el impuesto de renta corporativo, lo cual se compensaría con los ajustes al impuesto al carbono, el IVA para juegos de suerte y azar y el aumento de los impuestos a personas naturales.
“Estos últimos entonces vuelven a recaer sobre los mismos contribuyentes, principalmente los asalariados de ingresos más altos, quienes sufrirían una nueva reducción de su ingreso disponible, afectando la recuperación incipiente del consumo privado”, dice Corficolombiana.
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A juicio de los economistas de Corfi, el gobierno está desaprovechando nuevamente la oportunidad de ampliar la base de contribuyentes en personas naturales. Además, propone ajustes al impuesto al carbono que generarían un recaudo de COP$1,3 billones en 2025.
“En particular, plantea incrementar en 3,5 veces la tarifa para el gas, la gasolina y el diésel. El Ministerio de Hacienda estima que esta medida aumentaría la inflación al consumidor en 0,15 puntos porcentuales, mientras que elevaría en 0,05 pp el crecimiento del PIB debido a que la mayor inversión pública compensaría la disminución esperada en consumo privado”, concluyó la firma.
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