Bogotá — Brookfield Corporation, principal accionista de Isagen, envió una carta al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, en la que le manifiesta sus preocupaciones por los cambios regulatorios que planea introducir el Ministerio de Minas y Energía.
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La compañía hace referencia al proyecto de decreto, abierto para comentarios, “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con los lineamientos de política pública para garantizar la confiabilidad y la estabilidad tarifaria del servicio de energía eléctrica y se dictan otras disposiciones”.
La empresa dice que el 26 de diciembre de 2024 envió una comunicación al despacho de Reyes en la que se manifestaron sus consideraciones respecto de cómo las medidas adoptadas en la Resolución No. 101 066 de 2024 de la CREG (“por la cual se definen nuevos precios de escasez del Cargo por Confiabilidad y se hacen modificaciones a la Resolución CREG 071 de 2006 y a otras resoluciones”) vulneran los estándares de protección a la inversión extranjera a los que se comprometió Colombia bajo distintos instrumentos internacionales.
“Ahora, el proyecto de decreto anuncia unas medidas que agravan dichas vulneraciones y desconocen los pilares básicos sobre los cuales se realizaron cuantiosas inversiones en el sector energético de la República de Colombia”, indicó la compañía en la carta.
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Hay que tener presente que, en 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Estado colombiano vendió por COP$6,48 billones la participación que tenía en la generadora de energía a los inversionistas canadienses.
En la carta remitida al ministro Reyes, Brookfield sostiene que “en particular, estas medidas constituyen un trato arbitrario, desproporcional e inequitativo que interfiere radicalmente la prestación libre y eficiente de un servicio público que se encuentra protegida en el Artículo 365 de la Constitución Política”.
Finalmente, indicó que “es así como el Estado colombiano se encuentra materializando un cambio estructural y radical en los pilares fundamentales para la prestación del servicio de generación de energía sin atender las garantías y protecciones consagradas en el derecho doméstico e internacional”.
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