Bogotá — En los últimos años, muchos países en América Latina y el Caribe (ALC) han determinado como prioridad incrementar la inclusión de tecnologías “limpias” o bajas en carbono, aprovechando su abundancia en recursos naturales y alineándose con el momento internacional de transición energética sostenible.
Esto lo respaldan organizaciones como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), que estimó que, en el año 2022, el 59% de la generación de energía eléctrica en la región ALC provenía de estas fuentes renovables y que su potencial de crecimiento es dado por la progresiva implementación de proyectos de energía solar, eólica y geotérmica.
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Aprovechando este potencial, algunos países en la región han comenzado a dar sus primeros pasos hacía la industria del hidrógeno renovable.
El hidrógeno renovable o de bajas emisiones ofrece una alternativa viable para reducir la dependencia de combustibles fósiles en diversos sectores económicos y es particularmente útil en sectores difíciles de electrificar, a menudo referidos como “hard-to-abate-sectors”, como la industria naval, la siderurgia y la producción de fertilizantes y explosivos para la minería, entre otros.
También, funciona como producto de exportación a mercados importadores que proyectan ser los más demandantes en las próximas décadas, como la Unión Europea, Japón y Corea.
Reconociendo esta oportunidad de mercado para la región y sus economías nacionales, varios gobiernos en la región, como Chile, Colombia, Uruguay y Brasil, están empezando a integrar activamente esta tecnología en sus políticas nacionales de energía y objetivos de reducción de emisiones de GEI.
Esto va de la mano con la creación de asociaciones de hidrógeno nacionales y eventos en torno a este mercado; lo que hace del 2023 un año que ha diversificado y fortalecido las bases fundamentales para este mercado futuro.
Teniendo en cuenta este contexto, ¿qué avances específicos y cruciales se han visto en lo corrido del año? y ¿qué se puede esperar con miras al liderazgo global de la región hacia el 2030?
Hans Kulenkampff, Head de Hinicio Latinoamérica, asegura que el mercado del hidrógeno a nivel regional está ganando un momentum significativo en cuanto al desarrollo de proyectos, estrategias de inversión y políticas públicas, que se ha visto intensificado desde el 2022 y lo que llevamos del 2023. “En nuestras mediciones hechas a través del H2LAC Index en los últimos tres años, hemos visto que países como Chile y Colombia han consolidado su primera etapa de desarrollo gracias a la formulación de hojas de ruta nacionales, la aparición de diversos estudios públicos técnicos, de mercado y de regulación, una legislación pionera en la región, una voluntad política por llegar a acuerdos internacionales y un ecosistema floreciente de asociaciones y eventos, entre otros, que promueven tanto la inversión como la participación directa del sector privado en el desarrollo y concreción de proyectos industriales.
Sin embargo, se está empezando a notar una ralentización relativo a otras naciones o geografías (sobre todo del hemisferio norte) ante la falta de incentivos y/o mecanismos financieros claros, la volatilidad de la política local, las dificultades para sortear la tramitación de permisos ambientales y sectoriales, la alta dependencia de off-takers internacionales quienes a su vez dependen de decisiones gubernamentales aun no reglamentadas para la importación, y la privación de un desarrollo homogéneo en los distintos eslabones de la cadena de valor del hidrógeno para su posible consumo interno”.
También, el 2023 ha demostrado ser un año clave para grandes economías como la de Brasil o economías consolidades como la de Uruguay, países que avanzan de forma independiente, demostrando capacidades de liderazgo en una segunda etapa de implementación de proyectos.
Todo esto sugiere que al 2030, sin una cohesión clara regional, es factible que ciertos países latinoamericanos logren posicionarse como punto focal para el mercado internacional, aprovechando las grandes cuotas de mercado global, mientras que otros contribuyan a este mercado a través de iniciativas privadas multinacionales y acuerdos de cooperación regionales.
En términos de producción para suplir los futuros mercados, ¿cómo evoluciona el desarrollo de proyectos y cuál podría ser su impacto en los próximos años?
Juan Pablo Zúñiga, Country Manager de Hinicio Colombia, asegura que el desarrollo de proyectos Power-to-X, orientados a la conversión de energía renovable en hidrógeno o derivados, ha experimentado un importante avance en América Latina y el Caribe a diferencia de hace cinco años cuando solo existían pocos proyectos piloto en la región. Así mismo, que el 2023 parece ser un año prometedor para países como Colombia, Chile y Brasil. Estos desarrollos, sin embargo, no están exentos de desafíos. En algunos casos, algunos proyectos pueden no llegar a la etapa final de decisión de inversión (FID), por eso es crucial apoyar los proyectos que tienen un impacto social positivo y trabajar en aspectos de certificación, financiamiento y diseño.
“Un aspecto importante para el desarrollo de estos proyectos es la creación de infraestructuras de uso común (CUI) en lugares de alto potencial. Por ejemplo, en Brasil y Chile, se está trabajando en el desarrollo de ‘hubs’. Sin embargo, la implementación de estas infraestructuras presenta retos, razón por la cual trabajamos en el desarrollo de gobernanzas que permitan a las CUI satisfacer de manera efectiva los requisitos de los distintos modelos de negocio, minimizando el impacto ambiental y comunitario”.
El diálogo y la cooperación entre todos los actores involucrados son fundamentales para avanzar en estos temas. “Todos queremos combatir la crisis climática, pero el desafío no es simple, ya que debemos hacerlo protegiendo al mismo tiempo la biodiversidad y agregando valor en el territorio. Esto debe ser apoyado por una buena planificación pública, considerando temas de ordenamiento territorial y evaluación ambiental estratégica”. El progreso de los proyectos Power-to-X es alentador, pero con desafíos. Es vital una planificación pública estratégica para asegurar un desarrollo sostenible, maximizando el potencial de estos proyectos y acelerando el cambio hacia una economía más sostenible en la región.
