Bogotá — El Ministerio de Hacienda presentó su Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero las proyecciones allí planteadas sembraron muchas dudas entre los expertos del país y hay incertidumbre sobre si se cumplirán las metas el próximo año.
La semana pasada, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CARF) se pronunció sobre dicho documento y realizó una serie de advertencias en relación con la programación fiscal presentada, en particular sobre los números para 2024.
¿Qué dice el Marco Fiscal?
Para 2023, el Gobierno actualizó sus proyecciones de variables macroeconómicas frente al Plan Financiero. Revisó al alza la tasa de crecimiento del PIB esperada para este año de 1,3% a 1,8% y a la baja el precio de petróleo en la referencia Brent de 94,2 a 78,6 dólares por barril.
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Con estos nuevos supuestos, y tras la aprobación de la adición presupuestal de gasto para este año, el déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) sería de 4,3% del PIB en 2023, y no el 3,8% inicialmente previsto en el Plan Financiero.
De acuerdo con Corficolombiana, “la noticia de un mayor déficit para 2023 ya había sido anticipada por el Ministerio de Hacienda, por lo que no tomó por sorpresa a los mercados, pero ilustra los retos fiscales del país, que a pesar de haber aprobado dos reformas tributarias pospandemia, y del recaudo extraordinario del sector de hidrocarburos, exhibe un nivel de desbalance fiscal superior a otros países de la región”.
Advierte también que el ajuste fiscal en 2023 hubiera podido ser mayor si el Gobierno hubiera buscado reducir aún más la adición presupuestal. Es claro que la adición instrumentaliza varios de los programas del Gobierno, pero dado el ritmo de ejecución de gasto, y la coyuntura de incertidumbre global, un aumento del gasto primario, es decir del gasto público sin intereses y sin incluir el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, de 1,6 puntos frente a 2022, resulta más ambicioso de lo deseable.
Dudas en el 2024
Corficolombiana explica que la mirada crítica del MFMP es más relevante de cara a las cifras de 2024 que a las comentadas para 2023. Para el próximo año el Gobierno espera un déficit fiscal aún mayor, de 4,5% del PIB, al límite de lo permitido por la Regla Fiscal.
Esto pondría a Colombia en una senda aún más expansiva en materia de déficit, con una cifra superior a la del resto de los países de la región y con un margen de maniobra muy limitado.
Agrega a firma que esto se daría en el contexto de un menor crecimiento económico y precios de crudo estables. El Gobierno anticipa para 2024 un crecimiento de 1,5% con un precio de petróleo de 74,5 dólares por barril.
De las cifras fiscales para 2024 lo que más preocupa es el aumento adicional del gasto público, excluyendo intereses y el FEPC. El gasto primario sin FEPC pasaría de 17,6% del PIB este año a 19,4%, unos $47 billones más.
Aseguran los economistas de Corficolombiana que, si se toma 2022 como referencia, el Gobierno gastará el próximo año casi 100 billones adicionales. Este gasto no es resultado de mayores gastos de intereses y muestra una postura fiscal excesivamente holgada y que puede poner en riesgo la economía colombiana.
Adicionalmente, dicen los expertos, el Gobierno enfrentará en 2024 un pago de intereses por 4,5% del PIB, $7 billones más que lo programado este año.
Reformas agrandan el problema
De acuerdo con el análisis de Corficolombiana, las cuentas son más preocupantes si se tiene en cuenta que estos números no incorporan ningún efecto fiscal asociado a la agenda de reformas a discutirse en la legislatura que inicia esta semana.
La reforma a la salud, de aprobarse como está, puede generar una urgente presión de gasto para ampliar la atención médica y en el mediano plazo puede ocasionar un desborde de los recursos destinados a la salud en ausencia de un control efectivo al gasto.
La reforma laboral también implica mayores erogaciones del Gobierno en su función como empleador, y la pensional un aumento del pasivo fiscal en el mediano y largo plazo.
Sostiene la firma que de ser aprobadas las reformas como están, las presiones de gasto adicionales tendrán que acomodarse con cuentas que tienen un muy estrecho margen.
Adicionalmente el CARF ha señalado que para 2024 el Gobierno ha incluido en sus cuentas un ingreso adicional por 0,8% del PIB por cuenta de gestión de la DIAN.
Esta entidad está actualmente en un proceso de expansión que seguramente surtirá fruto en el mediano plazo en cuanto sea eficiente.
No obstante, en un contexto de bajo crecimiento económico, con una economía que tendría una tasa de variación del PIB inferior al 2% en 2023 y 2024, la meta de gestión de 0,8% del PIB no solo es incierta, sino que, de no darse, llevaría al déficit a exceder el límite permitido por la Regla Fiscal.
Otra fuente de ingreso que genera preocupación es aquella asociada con el arbitramento de litigios en materia tributaria. La resolución de conflictos en materia de impuestos es lenta y si bien la DIAN ha planteado la posibilidad de acelerar dichos procesos la meta de recaudo para 2024 de 0,9% del PIB también luce optimista.
El CARF ha señalado además que estos ingresos no pueden considerarse estructurales. Los ingresos fiscales resultado de acelerar litigios no son recurrentes y deberían contabilizarse como transacciones de una sola vez. Excluirlos de las cuentas para 2024 implicaría que el déficit fiscal excede el límite permitido por la Regla Fiscal.
Según la entidad, tener un déficit público tan abultado en 2024 como el estimado de 4,5% del PIB puede exponer al país a un riesgo alto si llegan a materializarse escenarios desfavorables como una recesión económica en Estados Unidos o un enfriamiento de la economía China. Adicionalmente, borra del mapa la posibilidad de avanzar en recuperar el grado de inversión.
