Bloomberg — Fuerzas rebeldes en Colombia han reanudado su guerra contra la industria petrolera del país, con ataques a oleoductos que han provocado el derrame de crudo en ríos, fuegos y densas nubes de humo negro.
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Tras la ruptura de negociaciones con el gobierno, el Ejército de Liberación Nacional, la fuerza guerrillera más antigua del mundo, ha reactivado su campaña de sabotaje de las últimas seis décadas, golpeando a la industria que produce un tercio de las exportaciones de la nación. También reanudó las hostilidades con las fuerzas de seguridad del gobierno, abriendo fuego contra bases policiales y matando a cinco soldados en emboscadas.
La ola de violencia —que incluye al menos 14 ataques a oleoductos desde fines de agosto— se suma a los problemas de Petro, quien busca evitar el deterioro de la seguridad en zonas rurales y a la vez frenar el descontento en las ciudades. Una huelga de camioneros la semana pasada ocasionó bloqueos de carreteras, paralizó escuelas y el transporte público, y solo concluyó cuando el gobierno cedió a la mayoría de sus demandas.
Además de los ataques, la industria petrolera colombiana enfrenta otros dolores de cabeza. Las reservas están cayendo y deben enfrentar además altos impuestos y la hostilidad de Petro, quien quiere eliminar gradualmente los combustibles fósiles y se ha negado a conceder nuevas licencias de exploración.
Los productores de petróleo disfrutaron de más de un año de relativa calma mientras se llevaban a cabo las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno para deponer las armas a cambio de reformas legales y constitucionales a favor de los más pobres. Los últimos ataques demuestran que el ELN aún tiene a la industria petrolera en la mira y que no está cerca de poner fin a su guerra.
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Mientras tanto, la sofisticada red de extorsión del grupo sigue exprimiendo a las empresas que operan en su territorio.
Los rebeldes hace tiempo ven a la industria petrolera como un objetivo militar, además de una fuente de ingresos. El ELN ha dicho que Colombia debería tener soberanía sobre sus recursos naturales, en lugar de vender los derechos a empresas privadas, según Carlos Velandia, un ex comandante del ELN quien dejó la organización en 2004.
“El ELN cree que esas multinacionales han contado con la complicidad del gobierno. Han logrado unos contratos muy ventajosos para ellos, pero lesivos para el país”, dijo Velandia, quien ahora supervisa el conflicto como jefe del Observatorio de Paz de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
Si bien las interrupciones del suministro desde Colombia no son lo suficientemente grandes como para agitar los mercados mundiales, reflejan la violencia endémica en las regiones productoras de crudo de todo el mundo, desde los rebeldes hutíes en Yemen atacando a barcos petroleros en el mar Rojo hasta los ataques a los oleoductos en la región del delta del Níger.
La petrolera estatal Ecopetrol SA, propietaria de los oleoductos, dijo el 4 de septiembre que los atentados, junto con el paro camionero y las protestas en una planta de gas natural, han afectado gravemente a sus operaciones. No proporcionó una estimación de cuánto se ha reducido la producción desde que se reanudaron los ataques.
Para el 6 de septiembre, el oleoducto Caño Limón-Coveñas seguía dañado, mientras que el oleoducto Bicentenario estaba funcionando de nuevo. Tras colocar los explosivos, el ELN suele desplegar minas y francotiradores para dificultar la llegada del Ejército y de los equipos de reparación.
La mayoría de los ataques recientes tuvieron lugar en la provincia de Arauca, el principal bastión del ELN. Los dos oleoductos conectan Arauca, que produce unos 58.000 barriles de crudo al día —o el 7% de la producción nacional— con refinerías y un puerto del Caribe. La canadiense Parex Resources Inc. y SierraCol Energy, filial del grupo Carlyle, operan en la región.
Petro asumió la presidencia en 2022 prometiendo buscar la “paz total” mediante conversaciones con las guerrillas y los carteles de la droga. Pero hasta ahora las negociaciones han tenido un éxito limitado.
Las negociaciones con el ELN se rompieron en mayo, entre otras razones porque el gobierno se negó a retirar al grupo de una lista de organizaciones del crimen organizado, aunque el alto al fuego se mantuvo hasta agosto.
Red de extorsión
La eléctrica Grupo Energía Bogotá SA, la cuarta empresa más valiosa de la bolsa colombiana, se topó recientemente con la red de extorsión del ELN cuando estudió la construcción de una línea eléctrica para conectar Arauca con la red nacional.
Los chantajes del ELN han convertido a Arauca en uno de los lugares más caros de Colombia para hacer negocios, según Juan Ricardo Ortega, director general de la empresa.
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“Cuando miramos cuánto costaría conseguir gente para construir las torres, para transportar los materiales, todo el mundo empezó a cobrar un 45% más” que en las regiones pacíficas del país, dijo.
El ELN incendia camiones y autobuses que circulan por su territorio sin su permiso. Incluso si las grandes empresas no hacen pagos al grupo, sus subcontratistas tienen pocas opciones, lo que hace subir el precio de todo, desde el transporte hasta los servicios de seguridad, dijo Ortega.
Además, pagar dinero a un grupo armado ilegal podría acarrear cargos en EE.UU. por financiar el terrorismo. Para las empresas que operan en regiones dominadas por la guerrilla, hay muchas maneras de mantenerse fuera del radar de la justicia de EE.UU., pero no hay forma de eludir la atención del ELN, según Velandia.
“No es posible evitar entrar en tratos. Algunos tratos, no son necesariamente de entrega de dineros”, dijo Velandia.
Uno de los métodos favoritos es que las organizaciones sociales que simpatizan con algunos de los objetivos del ELN organicen huelgas para presionar a una empresa para que pague proyectos como la pavimentación de una carretera o la construcción de un dispensario.
Los guerrilleros se llevan el crédito entonces de llevar la inversión a zonas abandonadas por el gobierno, y una tajada para sus propios bolsillos.
“Las guerrillas para dejar o para tolerar o admitir que una multinacional de estas esté presente le dice mire hay que construir esta carretera o esos puentes o estas escuelas”, dijo Velandia. “Es una manera de que se pueda camuflar como inversión social o como gasto social en lugar de darle dineros a la organización que es calificada como terrorista”.
Las empresas consideran que es más barato pagar e incurrir en el riesgo de las sanciones de EE.UU. que negarse a las exigencias de la guerrilla, lo que en la práctica significa no poder operar en absoluto, según Rodrigo Villamizar, ex ministro colombiano de Energía que ahora dirige Electra, un centro de estudios en Bogotá centrado en el sector energético.
Prohibición de la cocaína
En Arauca, el control del ELN sobre la política local es tal que cinco ex gobernadores han sido acusados por la Fiscalía de tener vínculos con el grupo.
La región, fronteriza con Venezuela, es inusual en el sentido de que el petróleo, y no la producción de drogas ilegales, ha sido durante mucho tiempo el principal motor de la violencia. Desde 2019, es una de las pocas zonas de conflicto colombianas en las que no hay coca, la materia prima para fabricar cocaína, según datos recopilados por el Ministerio de Justicia.
Eso se debe a que el frente Domingo Laín, un grupo de élite dentro del ELN que controla gran parte de Arauca, se enriqueció tanto con la extorsión a empresas y contratistas del gobierno que decidió que ya no quería ni necesitaba la producción de cocaína en su territorio y la prohibió en toda la provincia de 24.000 kilómetros cuadrados.
