Bogotá — Uno de los proyectos de ley que el Gobierno Petro ha presentado al Congreso como parte de su plan de reactivación económica es el que busca ampliar el cupo de endeudamiento de Colombia. Una solicitud, acompañada de mensaje de urgencia, que llega al legislativo en medio de cifras bajas de ejecución presupuestal, por lo que sobre la mesa está el interrogante de ¿para qué más recursos?
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Lo que ha dicho el Ministerio de Hacienda es que la ampliación del cupo de endeudamiento hasta por US$17.607 millones es necesaria para seguir adelantando las operaciones de crédito externo para el financiamiento del Plan Nacional de Desarrollo, para responder por el servicio de la deuda y para cumplir el Plan Financiero de 2024.
Para lo que, además, ha destacado que se respetarán “los supuestos de déficit del fiscal presentados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como las leyes y actos legislativos presentadas y aprobadas por el Congreso de la República, como lo son la regla fiscal y la Ley de Presupuesto”.
Al respecto, José Ignacio López, presidente de ANIF, Centro de Estudios Económicos, expresó que el Gobierno Petro debe sincerar las cuentas fiscales. Lo anterior, haciendo referencias a las cifras de ingresos por litigios que, como advirtió esta firma, no se materializarán. “Debe hacerse un recorte de gasto. Ningún cambio a la Regla Fiscal”.
Asimismo, López indicó que para prevenir problemas de caja del Ministerio de Hacienda, inconvenientes que harían más difícil el cumplimiento del plan financiero, “es importante que el Congreso apruebe la ley de endeudamiento que amplía el cupo en moneda extranjera, pero no aumenta el espacio fiscal del Gobierno”.
De acuerdo con el Ejecutivo, el límite de cupo de endeudamiento seguirá funcionando como un cupo rotativo y los nuevos desembolsos irán ocupando el espacio disponible en el límite de ese cupo autorizado por el Congreso. Las amortizaciones que se realicen liberan espacio y generan cupo disponible para nuevo endeudamiento.
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Recordemos que durante la emergencia económica y social, mediante el Decreto 519 de 2020, se autorizó a que el Gobierno Nacional pudiera efectuar operaciones de crédito público sin que se afectará el cupo de endeudamiento vigente a ese momento. Bajo esta excepción se firmaron varios créditos con organismos multilaterales y gobiernos, entre los que se destaca el crédito de línea flexible del Fondo Monetario Internacional por un monto de US$5.300 millones.
Por lo que los pagos de las amortizaciones de 2024 y 2025 no liberan cupo para la contratación de la deuda programada en el Plan Financiero. Otra de las razones de la urgencia del proyecto de ley radicado en el legislativo.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que “este trámite se ha realizado desde el año 1999, cada tres años en promedio, y constituye una autorización general por parte del Congreso para acceder a diferentes fuentes de financiamiento externo que permitan promover los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ y seguir manteniendo el buen historial crediticio del país”.
¿Cómo va la ejecución presupuestal?
De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, el porcentaje de ejecución presupuestal en el tema de inversión es de 9,1% (a marzo de 2024), y se consolida como el más bajo en comparación con los últimos tres años. Además, a nivel de obligaciones se observa un porcentaje de 16,6%.
En funcionamiento la ejecución llegó a 18,2% y en servicio a la deuda fue del 19,2%.
La Presidencia de la República se raja en ejecución con cifras inferiores al 5%: se ejecutó 4,0% de su presupuesto total vigente, por gastos de funcionamiento ha ejecutado 4,8% y en inversión apenas un 0,5%. Y el panorama no es mejor para el sector de recreación y deporte, donde el presupuesto total vigente ejecutado llegó al 2,3%; en funcionamiento el indicador fue de 8,3%, y en gasto de inversión 2,0%.
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Ahora bien, al 17 de abril de 2024, el Ministerio de Igualdad y Equidad, que se creó bajo esta administración, y que tiene una apropiación de COP$400.000 para gastos de inversión, no ha ejecutado nada a nivel de obligaciones. Y el Ministerio del Interior presentó un porcentaje de ejecución en inversión de 0,8%.
En términos de inversión, las entidades de menor ejecución, aunque tienen presupuesto para este rubro de más de COP$1 billón, son: Ministerio de Vivienda (0,7%), la Agencia Nacional de Tierras (1,0%) y el Instituto Nacional de Vías (1,1%).
También el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (4,0%) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2,7%).
Otros sectores con una ejecución deficiente fueron: trabajo, con una apropiación de COP$44,3 billones (funcionamiento COP$38,5 billones e inversión $5,9 billones), y un indicador de ejecución total de 4,4% (funcionamiento 3,7% e inversión 8,9%).
Además: agricultura con una apropiación de COP$9,2 billones (funcionamiento COP$1,2 billones, e inversión COP$7,9 billones) ha ejecutado el 14% en funcionamiento y apenas el 2,6% en el gasto de inversión.
