Bloomberg Línea — El Senado revivió la reforma laboral del Gobierno Petro, y este a su vez revivió la consulta popular a la cual le agregó cuatro preguntas más en una estrategia que busca avanzar en dos frentes en paralelo.
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El hundimiento de la consulta popular la semana pasada reabrió un camino que estaba bloqueado para el Gobierno. La fallida reforma laboral ahora se discute en la Comisión Cuarta de Senado, pero no sólo se enfrenta a tiempos justos para aprobarse, sino que, además, es una comisión en la que el Gobierno no tiene mayorías.
Al respecto, Carlos Arias, gerente de Estrategia & Poder asegura que “el gobierno colombiano tiene dos estrategias en paralelo”, y explica que por un lado llama a una nueva consulta popular con la que “disfraza una campaña electoral e incluyen nuevas preguntas que ya están inscritas en la ley”.
Según Arias, el Gobierno de Gustavo Petro “busca ganar de nuevo con cara y con sello en consideración a avivar una campaña electoral por intermedio de una figura simbólica del siglo XIX como son los cabildos abiertos”.
Además, concluyó que “tarde o temprano terminarán en las calles para alimentar las campañas que el gobierno de Gustavo Petro y su partido de cara a las elecciones de Senado y Cámara”.
Los nombres de la IV
La Comisión Cuarta de Senado está compuesta de 15 Senadores, y originalmente está encargada de leyes orgánicas de presupuesto, sistema de control fiscal financiero, enajenación y destinación de bienes nacionales; regulación del régimen de propiedad industrial, patentes y marcas; creación, supresión, reforma u organización de establecimientos públicos nacionales; control de calidad y precios y contratación administrativa.
Sin embargo, en el momento en el que la Plenaria del Senado apeló el hundimiento de la Reforma Laboral, ocurrido en la Comisión Séptima, la ley obliga a que esta vuelva a discutirse en comisiones, pero no en la misma en la que naufragó la primera vez.
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El encargado de definir en qué comisión se debe discutir el proyecto es el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda. Él decidió que la comisión cuarta sería la encargada de reiniciar el trámite.
La presidenta de esta comisión es Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, una de las senadoras a las que el presidente Petro acusó de hundir la consulta popular al no haberla votado.
Los senadores de esta comisión afines al Gobierno Petro son Aida Avella, Richard Fuelantala y Paulino Riascos. Sin embargo, en la plenaria en la que se discutió la consulta popular, cuatro senadores de esta comisión y de partidos independientes apoyaron la consulta.
El senador Fuelantala fue uno de los hombres del partido de gobierno, el Pacto Histórico, quien junto con la senadora Martha Peralta, estuvieron ausentes del recinto en el momento clave de la votación.
Otros votos por el sí fueron de John Moisés Besaile Fayad, del Partido de la U, Laura Ester Fortich Sánchez, Claudia Pérez Giraldo y John Jairo Roldán Avendaño del Partido Liberal.
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Además de Lozano y Fuelantala, la senadora conservadora Diela Liliana Benavides Solarte no votó la consulta. Su partido ordenó a sus militantes votar no.
Estrategia en las calles
El Gobierno no se fía de que el Senado apruebe la reforma tal como la presentó, de ahí que haya presentado una nueva convocatoria a la consulta popular, pero ya no sólo abordando temas laborales, sino también de salud.
“Aún es tiempo que el senado reaccione. Su función es representar al pueblo, no callar al pueblo”, dijo el presidente Petro luego de una convocatoria que realizó en Barranquilla para impulsar nuevamente el llamado a las urnas.
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Sin embargo, el llamado a una nueva consulta ya despertó críticas e, incluso, algunos advierten que “nació viciada”, como dice la representante Katherine Miranda del Partido Verde.
El supuesto vicio de la nueva consulta se daría por haber sido convocada por el presidente encargado, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la visita del presidente Petro a Roma.
Paola Holguín, senadora del opositor Centro Democrático, denunció penalmente a los 19 ministros del gobierno Petro por prevaricato. La acusación señala que firmaron y radicaron una consulta popular sin tener competencia legal para hacerlo.
A pesar de lo que manifiesta el presidente, en la Plenaria de Senado del martes el secretario de la misma, Diego González, aseguró que un concepto jurídico les indica que “no se puede reabrir una votación ya decidida por la plenaria. No es posible declarar nulidad ni repetir alguna votación realizada por la plenaria, toda vez que la decisión que se toma es cosa juzgada legislativa”
Defensa en Senado
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, le restó validez al estudio de investigadores del Banco de la República en el que se advierte que la reforma destruiría 450 mil empleos formales.
Además, aseguró que un estudio realizado por la cartera que lidera, indica que “en un escenario de bajo impacto el ingreso de los asalariados aumentaría un 3%”.
Según el funcionario, eso generaría un incremento de 91 mil puestos de trabajo en sectores como agricultura, comercio, servicios de entretenimiento e industria.
Pese a ello, senadores como Juan Felipe Lemos han insistido en la necesidad de revisar las cifras del desempleo en Colombia, porque si bien ha disminuido la tasa de desocupación, esta mejora se ha dado a costa de una reducción de empleos formales, es decir, “menos trabajadores de verán beneficiados de los supuestos logros de la reforma”.
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