Bogotá — El Ministerio de Trabajo le ordenó a General Motors (GM) (Colmotores) abstenerse de avanzar en su proceso de despido masivo de trabajadores y de liquidación de la compañía, pero la empresa podría continuar con la terminación de contratos porque hay normas constitucionales que respaldan su decisión.
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El asociado senior de Posse Herrera Ruiz, Rafael Guerrero, explicó que el Código Sustantivo del Trabajo establece atribuciones para el ministerio, entre ellas las medidas preventivas, para impedir que se violen las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores de la profesión y el derecho de libre asociación sindical.
Sin embargo, aclara que dicha facultad es “limitada para establecer medidas preventivas”, y sostiene que en el caso puntual de General Motors “lo que se puede ver es una contravía entre esta disposición y una norma superior, que es el artículo 333 de la Constitución Política que habla sobre la libertad empresarial”.
Explica el experto esta es una norma de orden constitucional que le permite a las empresas tener la posibilidad de ejecutar las actividades comerciales dentro del marco de la legalidad.
Añade Guerrero que el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo posibilita la facultad de terminar los contratos de trabajo. “El hecho de que las empresas decidan hacer planes de retiro para algún fin especial, en este caso es un paso para la disolución y liquidación de la compañía, se debería entender como un ejercicio de la facultad legal que tienen las empresas de terminar los contratos de trabajo”
Enfatiza en que en el caso puntual, “según la información conocida, la herramienta utilizada para finalizar los contratos de trabajo fue un mutuo acuerdo con una entrega de beneficios superiores a los extralegales y para los cuales, el trabajador debe manifestar su voluntad. Por lo tanto, la decisión del Ministerio de Trabajo es: primero, ir en contra de la voluntad del trabajador y la empresa, segundo, en contra de un principio constitucional como es la libertad de empresa y tercero, las empresas tienen la facultad de terminar los contratos de trabajo”.
Concluye explicando que este tipo de órdenes si bien tienen un carácter político muy fuerte desde el punto de vista legal tienen bastantes irregularidades que podría ser revisada en el marco de un proceso administrativo.
General Motors cierra ensambladoras
El pasado 26 de abril la compañía estadounidense General Motors (GM) anunció el desmonte de sus ensambladoras en Colombia (Colmotores) y Ecuador (OBB) para iniciar una transición hacia un modelo de compañías nacionales de comercialización de vehículos y servicios postventa.
“Las operaciones de manufactura en la planta de Colmotores en Colombia cesarán con un proceso de desmontaje que comienza hoy, con un equipo reducido; mientras que en la planta de OBB en Ecuador, la actividad de manufactura cesará hacia finales de agosto de 2024″, dijo la empresa en su momento.
GM Colmotores se fundó en 1956 por parte del empresario colombiano Germán Montoya, pero fue adquirida en su mayoría por General Motors en 1979.
El año pasado, la empresa dijo que Colombia estaba en la mira para desarrollar su plan de crecimiento en Sudamérica con una inversión de US$50 millones para adecuar la planta de GM Colmotores en Bogotá “para poner en marcha el objetivo de reindustrializar la fabricación de vehículos en el país”.
