Bloomberg Línea — En la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo de corrupción en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llevada a cabo este 25 de julio, no solo se vinculó a nuevos congresistas que presuntamente apoyaron las reformas del Gobierno Petro a cambio de contratos en los municipios, sino que se ratificó la relación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con los hechos.
En la diligencia adelantada en el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, la fiscal Andrea Muñoz aseguró que Olmedo López y Sneyder Pinilla, en sus roles de director y subdirector de la UNGRD, coordinaron junto con el ministro Bonilla el direccionamiento de contratos en tres departamentos del norte y el oriente del país a favor de siete congresistas para que facilitaran el trámite de iniciativas en el Congreso.
Textualmente, la fiscal expuso: “Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República”.
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Los senadores mencionados por el ente acusador e investigador fueron Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal).
Entretanto, los representantes citados por la fiscal delegada fueron: Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (Circunscripción Especial de Paz), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).
La Fiscalía además ratificó lo que ya habían dicho Olmedo López y Sneyder Pinilla, que sobornaron con COP$4.000 millones a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara de representantes en la legislatura pasada.
El pago de dádivas fue ordenado por el actual director nacional de Inteligencia, que en ese entonces se desempeñaba como director del Dapre, y realizado través de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, de acuerdo con la fiscal.
“Coordinó, usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República”, afirmó Andrea Muñoz.
Luego, agregó: “La entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento de la Presidencia de la República”.
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En cuanto a Olmedo López y Sneyder Pinilla, los principales señalados en el mayor escándalo de corrupción en torno al Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, si bien el ente acusador e investigador también se refirió a la presunta falsedad en documento público y privado.
Qué dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla
Una vez las palabras de la fiscal Andrea Muñoz comenzaron a retumbar en la opinión pública, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, volvió a defender su inocencia y afirmó estar esperando el llamado de la justicia a declarar.
“Con mi equipo jurídico, sigo con respeto y atención el trabajo de la Fiscalía para que el país conozca la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos. Espero con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos”, dijo el jefe de la cartera a través de un comunicado.
Bonilla además planteó un interrogante: si direccionar contratos, como señaló la delegada de la Fiscalía, en lo mismo que ejecutar el presupuesto público, es decir, lo que a su juicio él ha estado haciendo.
“Reunirse para revisar una agenda oficial no es concertar irregularidades, recibir congresistas en demanda de soluciones para sus regiones no es comprar votos (...). El ministro y su despacho ha cumplido con sus funciones y por eso pedí ser escuchado, que se recaudaran todos los documentos que despejan dudas y se entrevistaran a los funcionarios”, agregó.
