Bogotá — El Gobierno Petro alista un nuevo proyecto de ley en cabeza del Ministerio de Agricultura.
La jefe de esta cartera, Jhenifer Mojica, anunció que pretenden “regular la extranjerización de tierras porque asegurar la tierra nacional para los nacionales, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos y negros, para la producción de alimentos, es un asunto de seguridad y de soberanía nacional”.
Por lo que indicó que “nosotros no vamos a permitir que estos territorios, en donde residen comunidades, que tienen derechos humanos y fundamentales, derecho a la tierra, a permanecer y vivir, vayan a ser desplazados o desposeídos por unas compras y acumulaciones de tierras que no tienen control. Cuenten con nosotros. Vamos a persistir en el camino que ya emprendimos con la Agencia Nacional de Tierras para proteger también estos territorios ancestrales”.
En medio de un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, la Ministra comentó que se ha identificado la urgencia de poder regular de una manera mucho más sana y directa las normas de acaparamiento o land grabbing, un problema que se presenta universalmente y el cual se ha regulado legislativamente por gran parte de países.
El land grabbing está definido por la FAO (agencia las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) como un proceso de control territorial sobre los suelos y lo que hay sobre ellos, lo que implica la violación de derechos humanos e intervención de recursos no renovables.
Y de acuerdo con este organismo, se han detectado tres formas: la extranjerización, concentración y la acumulación.
Los puntos clave que tendrá el proyecto
-Definición de normas para la inversión extranjera: según el Minagricultura, la regulación que se alista no afectará de ninguna manera la inversión extranjera sino que establecerá normas claras para que empresas foráneas ingresen al mercado inmobiliario sin poner en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria.
-Ordenamiento del agua: este marco de regulación de la extranjerización de la tierra busca que “las tierras rurales y el suelo aseguren no solamente el derecho de la soberanía nacional y la seguridad alimentaria, sino también afirma el ordenamiento en torno al agua y la garantía del derecho de propiedad de las comunidades rurales, campesinas, agrícolas y étnicas de Colombia”, dijo la ministra Mojica.
-Análisis con estudios técnicos y diálogo social: esta propuesta llegará al Congreso, según el Gobierno, incluyendo estudios técnicos que definan si los extranjeros puedan celebrar negocios jurídicos sobre tierras rurales, o si ello se debe limitar a determinado porcentaje, teniendo en cuenta territorios estratégicos.
Adicional a eso, enmarcó el Ejecutivo, se incluirá la discusión social, política y legal sobre la necesidad de proteger los derechos del campesinado, la soberanía y seguridad alimentaria; el ordenamiento territorial en torno al agua y políticas de protección y salud del suelo rural.
“En Colombia la concentración de la tierra es evidente: el 5,4 % de los propietarios en Colombia tienen predios de más de 100 hectáreas, mientras que el 56,7 % de los propietarios poseen predios hasta tres hectáreas. Es decir, unos pocos propietarios tienen predios grandes y muchos tienen predios pequeños”, enfatizó la jefe de la cartera de Agricultura.
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