Bogotá — Un grupo de académicos y exministros de distintas áreas, entre los que sobresale José Antonio Ocampo quien hizo parte del Gobierno de Gustavo Petro, le pidió al presidente colombiano contemplar cambios para hacer sostenible el proyecto de reforma pensional.
Aseguraron que la reforma tiene elementos muy positivos, como el aumento de la cobertura a casi la totalidad de la población en edad de pensión, la eliminación de los tratamientos inequitativos entre personas con las mismas condiciones y la reducción sustancial de los subsidios en el régimen de prima media.
Es especialmente destacaron los firmantes la creación de un pilar solidario que entregaría un ingreso equivalente a una línea de pobreza extrema, aproximadamente $224.000 pesos mensuales, a todos los adultos mayores que no cumplan los requisitos para una pensión. Este pilar elimina la pobreza extrema en los adultos mayores.
Sin embargo, advirtieron los expertos que consideran que la propuesta aprobada en primer debate debe ser ajustada en ciertos elementos, con el fin de garantizar su sostenibilidad y la equidad con futuras generaciones.
En primer lugar, piden que el umbral del pilar de prima media debe reducirse de 3 salarios mínimos. La opinión de los firmantes sobre el nivel que debe tener este umbral varía desde 1 salario mínimo hasta 2 salarios mínimos.
Dijeron que el envejecimiento acelerado de la población colombiana hace cada vez más difícil la sostenibilidad de los sistemas de prima media o de reparto, que financian la mesada de los actuales pensionados con las cotizaciones de los jóvenes. Con la rápida transición demográfica. los jóvenes cada vez van a ser una proporción menor frente a la población en edad de retiro.
Además, sostienen que la reducción del umbral disminuye aún más los subsidios públicos a personas de ingresos medios y altos, aumentando la progresividad de la reforma.
En segundo lugar, creen que el esquema diferencial para mujeres debe incorporar una reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta por tres hijos, como se había propuesto en la versión inicial del proyecto de ley.
La reducción en la propuesta actual, de 300 semanas, implicaría que una mujer debe cotizar solo 19 años para disfrutar una pensión por 29 años, lo que dificultaría la sostenibilidad del esquema.
En tercer lugar, aseguraron que el régimen de transición debe mantenerse en 1.000 semanas, como también lo propuso inicialmente el Gobierno, y debe incorporar un requisito mínimo de edad, de 10 años menos que la edad de pensión.
Cuanto más generoso sea el régimen de transición, más tiempo tardarán en darse los efectos positivos de esta reforma, especialmente en la eliminación de los cuantiosos subsidios públicos a las personas de ingresos altos. Hoy, el 20% de más altos ingresos recibe el 54% de los subsidios, una injusticia que hay que corregir a la mayor brevedad.
En cuarto lugar, es fundamental, a juicio del grupo de académicos, fortalecer la gobernanza del fondo de ahorro planteado en la reforma. Esto requiere de un diseño institucional de primer nivel, con la experticia e independencia necesaria para diseñar los criterios de administración del fondo, que debería estar en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
A su turno, consideran que el Ministerio debería licitar la administración de los recursos del fondo a través de un mecanismo competitivo, abierto a entidades financieras públicas y privadas.
Con estos cuatro ajustes, y aunque aún quedarían temas pendientes como las modificaciones de los parámetros del componente de prima media, creen que la reforma pensional que ha propuesto el Gobierno nacional avanzará en resolver los graves problemas de baja cobertura, inequidad y regresividad que han aquejado por décadas a nuestro sistema de protección a la vejez.
