Bogotá — Se cumplen seis días del inicio de la segunda legislatura del Congreso de la República. Un periodo en el que habrá una agenda robusta por cuenta de las reformas del Gobierno Petro, de nuevas iniciativas y de proyectos reencauchados a los que se pretende darles una segunda oportunidad.
Entre lo que ya fue radicado ante el legislativo está:
Este lunes, en cabeza del Ministerio de las TIC y de la Presidencia de la República, se radicó el proyecto de ley 023 de 2023 para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales.
Recordemos que esta es una entidad que el Gobierno Nacional intentó consolidar mediante el Plan Nacional de Desarrollo, dándole facultades extraordinarias al presidente Petro, pero cuyo artículo se cayó en el Congreso. Por lo que ahora se intenta mediante la vía legislativa.
La Agencia tiene como objetivo robustecer la ciberseguridad en el país y consolidar a Colombia como una potencia en la materia. “El país necesita tener una institucionalidad fuerte en temas de seguridad digital y asuntos espaciales, no solo para ponernos a la par con las tendencias mundiales, sino para resolver nuestros propios desafíos, crecer económica y socialmente, y garantizarles los derechos a nuestros ciudadanos”, señaló Saúl Kattan, Consejero de Transformación Digital.
La entidad, sostiene el Ejecutivo, será un organismo de carácter técnico, especializado, que tendrá como objeto planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en Colombia, con el objetivo de prevenir amenazas internas o externas contra el ecosistema. También trabajará por fortalecer la confianza y seguridad de todas las partes interesadas en el ámbito digital, y establecer la gobernanza e institucionalidad de una política espacial.
También ya llegó a la corporación, y específicamente a la Secretaría de la Cámara de Representantes, el acto legislativo que regula el mercado de cannabis de uso adulto. Este proyecto logró llegar a último debate en la pasada legislatura, pero terminó hundiéndose.
“Nos van a ver trabajando incansablemente para sacar esos ocho debates adelante. Sabemos que contamos con mayorías y que podemos ampliarlos, sabemos que hay visión de futuro, que la sociedad colombiana está cambiando y que cobija esta iniciativa. Vamos a hacer todo lo posible para que por fin sea una Ley en nuestro país”, manifestó María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico.
Este proyecto prohíbe cualquier tipo de actividad de promoción o publicidad de cannabis, limita el consumo en espacios como entornos escolares y vincula a todo el sector educativo en las políticos públicas de prevención del consumo.
En cuanto al asunto tributario, propone que los impuestos que se creen a partir de este mercado serán destinados a las regiones más afectadas por la guerra contra las drogas y serán invertidos en salud y educación.
También crea mecanismos para que el Estado fortalezca las políticas de prevención del consumo y las de reducción de riesgos y daños para los usuarios consumidores de sustancias; también crea la obligación de atender el problema de consumo de sustancias psicoactivas como un tema de salud pública y derechos humanos.
Por otro lado y ante el Senado de la República fueron radicados dos proyectos de ley más: ambos del senador Julio Alberto Elías Vidal, del Partido de la Unión por la Gente. El primero, “por una educación accesible y de calidad”.
“Este proyecto es para garantizar mejores oportunidades de acceso a la educación. Uno de las quejas recurrentes son los precios altos y los aumentos en las matrículas, además algunos de los recursos para los estudiantes terminan en los bolsillos de los directivos. Dijimos basta ya y vamos a hacer tres cosas: ponerle un límite a lo que gana el personal directivo y administrativo de las instituciones educativas, asegurarnos de que las matrículas no suban demasiado y sin ningún control y tercero, decirle ya no más a los recargos por pagar la matrícula de forma extemporánea”, destacó el senador Elías.
Y el segundo, que busca que los costos notariales y de registro de compra de vivienda VIS y no VIS, se puedan incluir en los préstamos hipotecarios, además que los bancos se hagan cargo de los costos de los avalúos y los estudios de títulos que se requieren para el préstamos.
“Así no se tendrá que sacar plata del bolsillo de un solo golpe y el camino para tener vivienda será menos complicados. Tener una casa digna no es un lujo, es un derecho de todos”, añadió el congresista.
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