Bogotá — Este jueves, como cada 20 de julio, se llevará a cabo la instalación del Congreso de la República. Con lo que se le da luz verde a un nuevo periodo de legislatura cuya agenda estará marcada por los proyectos del Gobierno Petro, no solo los que vienen cojeando y continuarán su trámite, sino aquellos nuevos que arrancarán su proceso en la corporación.
Aunque el Ministerio del Trabajo no ha confirmado si este mismo jueves hará la radicación de la reforma laboral, proyecto que se la jugará nuevamente luego de haberse caído por falta de quórum para ser debatido, el Gobierno sí espera lograr su aprobación en esta segunda legislatura. Recordemos que sus objetivos principales son priorizar el contrato a término indefinido, aumentar el pago del recargo dominical o festivo del 75% al 100% y establecer la jornada diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y la nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.
Vienen cojeando del primer semestre las reformas a la salud y la pensional. Y a pesar de que el Ejecutivo confía en su aval, la incertidumbre crece con el paso del tiempo debido a la cantidad de reparos que, desde distintas orillas, se han hecho a las iniciativas por la reestructuración que se pretende hacer de ambos sistemas.
Las nuevas reformas
Sin importar el panorama poco alentador por los múltiples problemas que han tenido los proyectos bandera del Gobierno, el Presidente apostará sus cartas a dos nuevas reformas: la de la Ley 30, mediante la cual se organiza la educación superior, y la de los servicios públicos.
El objetivo de la primera es resolver el desfinanciamiento estructural de la Educación Superior Pública, que asciende a $18 billones, según el Sistema Universitario Estatal (SUE).
Por lo que se busca modificar el esquema de transferencia de recursos a las instituciones de educación superior públicas, aumentar la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y llevar oferta de educación superior pertinente a territorios más alejados.
Y frente a la segunda, el presidente Petro ha expresado que será “para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas sino el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia”.
Un objetivo que ha tenido el Jefe de Estado desde que llegó al poder. Recordemos que mediante la expedición del Decreto 0227, intentó reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Lo anterior a través de acciones como la fijación de las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados; la determinación de las condiciones para la liberación gradual del mercado hacia la libre competencia; la definición de la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por los centros regionales de despacho y el centro nacional de despacho.
No obstante, recientemente el Consejo de Estado ratificó su decisión de suspender ese Decreto argumentando que “el contenido normativo del decreto permite apreciar la existencia de ciertas restricciones frente a las cuales las comisiones de regulación quedarían vedadas para el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas legalmente, lo que excede el propósito de la potestad de reasumir las funciones delegadas”.
Más proyectos a radicar
El Gobierno Petro planea radicar tres proyectos más: el primero de ellos, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, será la Ley Minera.
Según ha expresado el director de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, será “un nuevo consenso social que nos permita superar un viejo modelo extractivista expresado en la Ley 685 de 2001, que si bien le reconocemos impulsó la gran minería del carbón, el níquel y el oro, también ha dejado una nación envuelta en graves problemas sociales, ambientales y de orden público, muchos de los cuales se evidencian en las mismas estadísticas oficiales”.
Por lo que señaló que hablar de soberanía nacional significa “reorientar la actual política minera de “primero en el tiempo, primero en el derecho” por una política que le permita al Estado planear la extracción y aprovechamiento de sus recursos naturales no renovables (RNNR) y de reorientarlos principalmente (no exclusivamente), al mercado interno como insumos para los programas del Gobierno del Cambio”.
Y añadió que “migrar de una economía extractivista a una economía productiva significa utilizar nuestros RNNR para crear cadenas productivas que permitan agregar valor a los minerales, y por esa vía generar empleo, ingresos para las familias, recursos para el Estado, para el gasto social, exportación de bienes finales o semifinales al mercado internacional y elevar los ingresos internacionales, y superar de esa forma el modelo primario exportador”.
El segundo de ellos, es la presentación nuevamente del proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario y carcelario.
Al respecto, Néstor Osuna, jefe de esta cartera, ha dicho que “el trámite comienza de cero pero el proyecto ya va muy enriquecido con todo lo que trabajamos en las ponencias para primeros debates, las mesas y audiencias que se hicieron, las voces que recibimos. Va mucho más enriquecido de lo que era hace ocho, nueve meses”.
Este proyecto busca reactivar la resocialización, por lo que propone mecanismos cuyo objetivo es que todas las personas privadas de la libertad estén trabajando o estudiando. “También hay una apuesta por la justicia restaurativa con el fin de que la reparación integral a la víctima sea causal de la terminación del proceso penal”, refirió Osuna.
Y el tercero, relacionado con permitir en Colombia la compra, venta y comercialización del cannabis de uso adulto. El Ejecutivo apoya ampliamente este acto legislativo, radicado este 20 de julio como el primero en la Secretaría de la Cámara de Representantes, por los congresistas María José Pizarro y Juan Carlos Losada.
Recordemos que este proyecto, que además proponía que los impuestos que se recauden productos de este mercado beneficien a las regiones más afectadas por el negocio ilícito de las drogas y por el conflicto armado, se cayó en el Senado de la República al no alcanzar los votos necesarios a favor.
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