Bogotá — La reforma a la salud del presidente Gustavo Petro todavía se debate entre la vida y la muerte en el Congreso de la República. A horas de su tercer debate, donde entra virtualmente hundida, y con la falta todavía del aval fiscal del Ministerio de Hacienda, se estima que apenas en sus tres primeros años de implementación, abriría un hueco de COP$6,3 billones.
Así lo revela ANIF, Centro de Estudios Económicos, en su más reciente informe. En este, indica que la perspectiva de ingresos y gastos para este sector salud en el horizonte de nueve años (2025–2033), estima un mayor impacto de costos en los primeros tres años de implementación, con un monto de COP$338 billones y con ingresos por debajo de COP$332 billones, lo que sugiere de entrada un déficit de COP$6,3 billones solo entre 2025 y 2027.
En ese lapso se desarrollarían las bases de la reforma, además de construir la infraestructura necesaria para el nuevo modelo de atención.
“Aún sin contemplar los costos asociados a la gobernanza establecida por la reforma, la implementación de la misma abre un hueco fiscal que ronda los COP$15,6 billones en valores de 2024″, destaca ANIF.
Por lo que, de aprobarse el proyecto de ley en los debates faltantes en el Senado, estaríamos, dice el Centro, frente de una crisis financiera en el sector salud, y con el agravante de que el déficit que deja la reforma debe ser financiado con recursos que hoy son destinados a sectores clave como educación, defensa o trabajo.
Esta firma también sostiene que la única forma de solventar ese incremento en los gastos del sistema, a la larga, será imponer restricciones a los usuarios y que ello implicaría un aumento en los tiempo de espera, una menor calidad en la prestación y un menor acceso a los servicios de salud.
Y que en últimas todo eso se traduce en un aumento en el gasto de bolsillo para los usuarios, lo que implica desandar un largo camino que ha recorrido el sistema desde la aprobación de la Ley 100.
Desabastecimiento de medicamentos
Otra consecuencia de la reforma, advierte ANIF, es el desabastecimiento de medicamentos. Una situación que se ha presentado desde enero con medicinas como la insulina.
De acuerdo con lo dicho por algunos actores del sistema luego de la mesa técnica realizada, dentro de las causas de la escasez se encuentran: la tensión financiera del sistema; la regulación de precios que desde hace dos años no se actualiza; la disponibilidad de materias primas efecto pospandemia a nivel mundial; y la falta de agilidad en los procesos de registro del Invima.
Pues a pesar de que el Ministerio de Salud recientemente se pronunció y dio un parte de tranquilidad, el Centro de Estudios Económicos manifiesta que la preocupación sigue latente en el sector y quecon corte a marzo de 2023, se relacionan 25 medicamentos desabastecidos (3%) y 12 medicamentos en riesgo de desabastecimiento (7%).
Además, que de un total de 378 medicamentos, 213 (56%) están en un monitoreo, con el fin de evitar que se declaren desabastecidos. Lo que representa una situación alarmante, pues, dentro de las razones para estar en estado de monitoreo está que se reporten cantidades limitadas para los siguientes tres meses. De esta forma, más de la mitad de los medicamentos tienen un riesgo en el corto plazo de no contar con suficientes unidades para los usuarios.
ANIF reitera que la reforma debe integrar de forma más amplia a todos los actores del sistema y que se deben discutir de forma responsable y detallada todas las problemáticas que aquejan actualmente el régimen de salud.
Por lo que concluye que aunque impulsar una reforma es necesario, su contenido debe atacar y resolver los principales problemas en vez de profundizarlos, a la vez que compromete el goce efectivo del servicio del servicio a los usuarios.