Bogotá — Al presidente Gustavo Petro le están pidiendo que revisa las alternativas de ahorro y de reducción de gastos para que no presente una nueva Reforma Tributaria que les aumento las cargas impositivas a las empresas y a las personas naturales.
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Petro busca COP$12 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación del próximo año, pero sus posibilidades son pocas dado que la carga de las empresas ya es muy alta y en campaña prometió no gravar con nuevos más impuestos a nadie más que los 4.000 colombianos más ricos.
Críticas al aumento del gasto
Petro ha sostenido en repetidas oportunidades que el Estado debe asumir un rol mucho más protagónico en la economía nacional para poder garantizar los bienes y servicios básicos a su población, sin embargo, expertos y opositores le han criticado el fuerte aumento del gasto durante su administración.
Corficolombiana elaboró un documento en el que explica que el Gobierno tiene espacio suficiente para realizar ajustes que le permitan omitir la presentación de una nueva Reforma Tributaria. En este, asegura que el ajuste fiscal debe realizarse a través de un recorte del gasto en funcionamiento, pero siendo sensibles a los ajustes que requiere la constitución en la nómina del Estado y las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), y no por medio de más carga tributaria.
“Particularmente, este ajuste en el gasto debería seguir un principio de austeridad fiscal donde se limite el aumento en el gasto de funcionamiento a la tasa de inflación proyectada para el cierre de este año, con un máximo de dos puntos adicionales, lo que implicaría un aumento cercano al 7,6%”.
Para encontrar las oportunidades de austeridad, el equipo de Corfi examinó los principales rubros del presupuesto en funcionamiento, como el gasto de personal, la adquisición de bienes y servicios, y las transferencias, incluyendo aquellas destinadas a pensiones y aseguramiento.
“En la selección del principio de austeridad abordamos dos casos: i) Un ajuste del 7,6% (inflación más dos puntos) para todos los rubros y ii) un ajuste del 6,6% (inflación más un punto). No obstante, conscientes de las inflexibilidades como el incremento constitucional del SGP, se podría aumentar en 10,6% los rubros pensiones, aseguramiento en salud y el FOMAG, y garantizar que el crecimiento se basará en inflación más cinco puntos por envejecimiento de la población. De esta forma, un rango estimado sobre el ahorro en el gasto total en funcionamiento estaría entre COP$10,9 y COP$11,6 billones”.
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Explica la entidad que una segunda aproximación es profundizar el análisis sobre las 231 entidades identificadas en el PGN 2025. En este grupo el criterio de decisión estuvo basado en el tamaño del gasto en funcionamiento sobre el total de este rubro.
“De esta forma fueron diez las entidades que representan el 80% del presupuesto de funcionamiento, excluyendo al Ministerio de Hacienda, que ya sufrió un recorte de $14 billones. En su gran mayoría, los crecimientos estimados en el PGN superan la proyección de inflación para 2024 del Ministerio de Hacienda (5,3%), con la excepción del presupuesto para las universidades públicas, que se encuentra cercano a esa cifra”, dice el documento.
Dicen los economistas de Corfi que al aplicar en este grupo el principio de austeridad, es decir, un crecimiento de la inflación más dos puntos, exceptuando a la Policía Nacional y la Rama Judicial, que tienen planes de expansión de personal, a las cuales se le aplicaría un crecimiento del 10,6%, permitiría que existiese un espacio de ahorro por COP$16,8 billones, debido a que el aumento promedio pasaría del 15,5% a un 7,8%.
Otra aproximación que permitiría al Gobierno no presentar una nueva reforma es revisando las entidades con mayor crecimiento en el PGN 2025. Este grupo quedó conformado por 18 entidades que presentaron un crecimiento atípicamente alto, considerando aquellas con aumentos superiores al 20%.
“En este ejercicio, el gasto en funcionamiento suma COP$5,9 billones, representando un incremento del 119,3% respecto a 2024, y que luego de ajustar este crecimiento por nuestro principio de austeridad (7,6%), el ahorro en este grupo podría acercarse a los COP$3 billones”, detallaron.
Opositores tienen su Plan B
Al Gobierno se le ha pedido en diferentes oportunidades que haga esfuerzos por recortar gastos antes de pensar en el trámite de una nueva reforma tributaria.
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Es el caso del senador David Luna, quien pide congelar el presupuesto nacional por cuatro años. “Este cuento no puede seguir pasando de agache, es que estamos hablando de la más baja ejecución de los últimos 20 años, pero de la más alta desfinanciación. ¿Por qué no pensar de una vez por todas en congelar el Presupuesto General de la Nación en los próximos cuatro años, para que, de una vez por todas, entendamos que hay que reducir la burocracia, el tamaño del Estado, la carga impositiva y que los recursos se utilicen en inversión social y no en contratitis, en amiguitis o lo que es peor, como sucedió lamentablemente en La Guajira, en burda corrupción?”.
El concejal de Centro Democrático, Daniel Briceño diseñó una fórmula con la que COP$14 billones que, a su juicio, están siendo malgastados, podrían evitar la necesidad de una nueva reforma tributaria.
Según Briceño, actualmente, el Estado tiene la capacidad de limitar y reducir sus gastos de funcionamiento en áreas específicas de gasto excesivo o ineficient+e, tales como:
COP$5,4 billones en gastos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que corresponden a los siguientes rubros:
- COP$3,4 billones de los gastos en la contratación de escoltas.
- COP$1,8 billones en alquiler de vehículos blindados.
- COP$75 mil millones en gastos de combustible.
- COP$44 mil millones en medidas diferenciales.
COP$1,2 billones en gastos de logística y eventos, de entidades tales como:
- Ministerio del Interior con gastos en eventos por COP$201 mil millones.
- DIAN con gastos en eventos por COP$191 mil millones.
- Unidad para las Víctimas con gastos en eventos por COP$117 mil millones.
- COP$5,43 billones en contratos de prestación de servicios
- COP$1,8 billones asignados al Ministerio de Igualdad. Entidad con una ejecución actual del 1,1% y con duplicidad de funciones con el Departamento de Prosperidad Social.
- COP$38 mil millones para la apertura de 21 nuevos consulados.
- COP$145 mil millones en pauta y propaganda, a través de las Centrales de Medios de las entidades del Orden Nacional.
Dice Briceño que la implementación de un recorte en los gastos mencionados y una revisión de los recursos no ejecutados por las entidades del orden nacional, no solo evitaría la necesidad de una nueva reforma tributaria, sino que también mejoraría significativamente la eficiencia del gasto público.
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