Bogotá — La Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) entregó una investigación en la que advierten cuáles son los países que más se ven involucrados en delitos ambientales en la Amazonía, cómo se lava el dinero y que estructuras utilizan para hacerlo.
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Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Medioambientales y Financiación Ilícita de FACT, desarrolló la investigación en la que concluyó que solamente el 31% de las investigaciones de delitos ambientales incluyó en paralelo una investigación financiera.
El informe detalla delitos como la minería ilegal, el tráfico de especies silvestres, la deforestación, el tráfico de madera ilegal y la pesca ilegal. Países como Colombia y Perú se caracterizan en el informe por ser el escenario de delitos como la minería de oro ilegal y la pesca ilegal de tiburones en las inmediaciones de la isla de Malpelo.
El Egmont Group, que facilita el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, advierte que “la falta de escrutinio financiero y las penas leves hacen que los delitos contra la vida silvestre sean un negocio muy rentable y de bajo riesgo para los perpetradores”.
Para la investigación de FACT se tuvieron en cuenta 230 casos de delitos ambientales en la Amazonía. La mayoría (130) era de minería y de estos solo el 43% incluyó en paralelo una investigación financiera para determinar el destino de los recursos.
El destino de los recursos
De los 230 delitos ambientales en la Región Amazónica, surgen ciertas tendencias geográficas. Para cada caso, se indicó el país denunciante, así como cualquier país secundario mencionado en el caso.
Estos países o jurisdicciones secundarios incluyen típicamente, puntos de tránsito o destino para recursos naturales obtenidos ilegalmente o dinero ilícito.
El análisis identificó específicamente 29 países secundarios, incluidos países en África, Asia, América del Norte y Europa.
Estados Unidos fue la jurisdicción extranjera mencionada con mayor frecuencia, seguido de los Emiratos Árabes Unidos, típicamente Dubái. Entre los países específicos mencionados, Estados Unidos representó el 17 % de los casos.
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El tercer país más mencionado es Brasil, seguido por Venezuela, Ecuador, India, Perú e Italia. Siguen Panamá, Colombia, Costa Rica, Alemania, Guyana, Hong Kong, México, Nicaragua, Rusia y Turquía.
Los países que figuran en las menciones, pero con menor frecuencia fueron Austria, Bélgica, Belice, Bolivia, Islas Vírgenes Británicas, Camerún, China, Dinamarca, Paraguay, Suiza y Tanzania.
En julio de 2024, la secretaria Janet Yellen señaló que los delitos ambientales internacionales “a menudo implican el uso indebido y abuso del sistema financiero de EE. UU”.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú descubrió que, según los Informes de Inteligencia Financiera asociados a la minería ilegal, el 50% de los casos incluían un componente internacional, y que los principales países extranjeros mencionados fueron Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos e India.
Así lavaban el dinero
La tipología de blanqueo de dinero más frecuentemente identificada en los 230 casos fue el uso de personas jurídicas, tales como empresas fantasma o de fachada.
En menor medida, los casos involucraron bienes raíces, dinero en efectivo, testaferros, blanqueo de dinero basado en el comercio internacional (TBML) y el uso de instituciones financieras para mover, lavar o almacenar las ganancias ilícitas. El uso de casas de cambio (“cambios”) y criptomonedas fue reportado con poca frecuencia.
Muchos de los casos implicaban el uso de múltiples tipologías. Por ejemplo, entre los casos que involucraron bienes raíces, 15 de los 18 casos también involucraron el uso de personas jurídicas.
Las agencias gubernamentales de EE. UU. también han destacado los problemas asociados a las estructuras societarias.
Ante el Congreso en 2019, un alto funcionario del FBI señaló que “las organizaciones criminales transnacionales utilizan frecuentemente empresas estadounidenses, a menudo deliberadamente, para explotar las normas de EE. UU. y exportar oro extraído ilegalmente hacia Estados Unidos y así lavar miles de millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes de operaciones delictivas en América Latina”.
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Mientras tanto, en el marco de una encuesta a 644 profesionales de servicios financieros realizada en 17 países por el World Wildlife Federation (WWF), entre una quinta parte y un tercio de los encuestados manifestaron tener conocimiento de intentos de terceros por ocultar delitos financieros o prácticas comerciales poco éticas vinculadas a la deforestación u otras formas de conversión de la tierra.
Entre las tres prácticas más frecuentes, señalaron el uso de “vehículos societarios, empresas fantasma u otro tipo de fraude societario”.
