Bogotá — El gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informaron este martes sobre el congelamiento de las tarifas del servicio de energía de junio a diciembre de 2023 en Antioquia y en el municipio de El Carmen de Atrato (Chocó), en medio de las fuertes presiones por cuenta de la inflación en el sector.
“En un momento en el que los bancos, los supermercados y otros sectores de la economía están haciendo esfuerzos para contribuir a los hogares del país, agobiados por la alta inflación, nuestra empresa se suma con esta decisión de estabilizar las tarifas de energía hasta el 31 de diciembre de este año”, indicó el gerente general de EPM.
El congelamiento de la tarifa se revisó durante la sesión de la Junta Directiva de EPM y beneficiaría a unas 7 millones de personas.
El plan consiste en una reducción inicial de las tarifas del 0,6% mensual entre junio y septiembre.
Luego de este período, se espera que las tarifas vuelvan a incrementar hasta diciembre de este año.
“El llamado a los usuarios es a que hagan un uso eficiente del servicio de energía eléctrica, porque su facturación mensual sigue dependiendo del consumo”, dijo EPM.
Se estima que este plan le podría costar a la compañía energética cerca de $400.000 millones (cerca de US$89 millones).
Carrillo Cardoso dice que este esquema estaría ajustado a las regulaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
EPM es una empresa controlada por la ciudad de Medellín y produce el 27% de la electricidad del país, de acuerdo a cifras recogidas por Bloomberg.
En marzo pasado el Consejo de Estado tumbó el decreto que le daría control al presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las tarifas en los servicios públicos, una medida que en su momento fue cuestionada por distintos sectores políticos y por las mismas agencias de calificación de riesgo.
A finales de febrero el Gobierno expidió el Decreto 0227 de febrero de 2023, mediante el cual el presidente Petro reasumiría por tres meses las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la (CREG).
Fitch Ratings señala que “las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al impedir aumentos de precios para compensar la escalada de los costes de producción”.
Por su parte, el vicepresidente y responsable de la división de Créditos en Moody’s Investors Service, Adrián Garza, advirtió en su momento que el control sobre las tarifas de los servicios públicos crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético en Colombia y afectaría el flujo de inversiones en el país.
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