Bogotá — Luego del revés que le dio la Corte Constitucional al Icetex al declarar inexequible el artículo 95 de Ley 2277 de 2022, más conocida como reforma tributaria, este Instituto ya tiene un plan B.
Recordemos que este artículo permitía otorgar tasa cero (0%+IPC) a 77.000 jóvenes en sus créditos educativos y que el alto tribunal tomó esta decisión, luego de estudiar una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por algunas universidades privadas.
Los argumentos de estas instituciones académicas fueron tres: uno por defectos de procedimiento en su formación y dos por razones de fondo. Las universidades alegaron que en la aprobación de esa norma en el Congreso de la República se violaron los principios de consecutividad e identidad flexible porque el artículo no cumplió con la totalidad de los debates.
Asimismo, que el artículo en mención viola el artículo 388 de la Constitución Política por cuando identifica incorrectamente al sujeto pasivo del tributo y no define con precisión la tarifa del tributo.
“La Sala Penal encontró que en el proceso de aprobación de la disposición demandada en efecto se desconocieron los principios de consecutividad e identidad flexible. Así, la Sala encontró que el artículo 95 no se presentó ni se debatió en las comisiones constitucionales permanentes de asuntos económicos y solo se propuso y aprobó durante los debates de las plenarias de la Cámara y del Senado. A pesar de las afirmaciones de entidades gubernamentales que vinculaban el artículo con la finalidad principal de la reforma tributaria, es decir, la obtención de recursos para gastos sociales, la Sala concluyó que tal argumento no excusa la falta de un debate integral en todas las fases del proceso legislativo”, destaca la decisión de la Corte Constitucional.
Y a lo anterior se suma que, a pesar de que el Icetex le pidió a la Corte que se difirieran los efectos de su pronunciamiento por tres años, la autoridad judicial estimó que no se cumplían las condiciones decantadas en la jurisprudencia para modular esos efectos temporales.
El Plan B del Icetex
En entrevista con Bloomberg Línea, Mauricio Toro, presidente del Icetex, manifestó que estaban preparados para esta decisión y que no sorprende. Aclaró que “este segundo semestre ya está salvado porque se hicieron los desembolsos respectivos en julio. La afectación es para las renovaciones de 2024. Este artículo de la reforma tributaria no es retroactivo”.
Frente a lo que viene, Toro explicó que están trabajando conjuntamente con Ascun (Asociación Colombiana de Universidades), Asiesca (Asociación de Instituciones Educativas de Educación Superior), entre otras, “para que este beneficio se dé ahora vía convenio universidades-Icetex”.
Lo que quiere decir, señaló, que las universidades, a partir de 2024, asuman la tasa de interés vía descuento en el semestre, para que así no se vea el fenómeno de la capitalización de intereses. Por lo que se le informará a los estudiantes cuáles son las universidades que aceptan o no ser parte de este acuerdo.
Vale la pena resaltar que las convocatorias para quienes entran a estudiar el primer semestre de 2024 arrancan en noviembre próximo.
El presidente del Icetex sostuvo que esta iniciativa plasmada en la reforma tributaria se pensó para evitar la deserción escolar, que en 2022, cuando había una tasa del IPC+12%, reflejaba una caída de 47% de las renovaciones de matrículas por la alta tasa de interés.
“No solo detuvimos esa caída sino que crecimos 13% las renovaciones, por lo que logramos que más jóvenes estudiaran. Ahora nos preocupa que se acentúe la deserción escolar”, enfatizó Toro.
En su decisión, la Corte Constitucional agregó que es necesaria una regulación especial del crédito educativo que contenga normas expresas para que el mercado financiero, especialmente aquel en el que interviene el Icetex considere, por lo menos, la condición de iliquidez temporal en la que se encuentra un estudiante mientras cursa y culmina sus estudios, y reconozca que en el crédito educativo la capacidad de pago del deudor aumenta conforme logra vincularse al mercado de trabajo y consolidar una posición en este en cuanto culmina los estudios financiados.
Por lo que insta al Congreso a “desarrollar una legislación que aborde adecuadamente el crédito educativo, de manera diferente a las demás modalidades de crédito, y facilite el acceso a la educación superior para todos”.
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