Bogotá — A los Ministerios de Agricultura, Salud y Justicia llegó el pasado 6 de octubre una petición urgente enviada por los empresarios del sector de cannabis, representados por Asocolcanna, Asocáñamo, la Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo, la Cámara Colombiana de Cannabis Medicinal e Industrial y las diferentes cadenas productivas de los departamentos.
El llamado de auxilio que hacen es la derogatoria de los artículos 98 y 152 de la Resolución Conjunta 227 de 18 de febrero de 2022, expedida por esas tres carteras. Una normativa que obligaría a los licenciatarios de cannabis medicinal e industrial a destruir sus inventarios que cumplan más de dos años y que empezaría a regir en febrero de 2024.
Julián Wilches, director de asuntos regulatorios de Clever Leaves y miembro de la Junta Directiva de Asocolcanna, le dijo a Bloomberg Línea que “si los cultivadores que hoy en día hacen parte de esta industria, que está en cuidados intensivos, se ven obligados a destruir sus inventarios, esto será un puntillazo final para los pequeños y medianos cultivadores en Colombia que han confiado en un Gobierno y unas reglas de juego que les permiten desarrollar una industria”.
Y enfatizó que “esa destrucción es antitécnica, el tiempo no tiene ninguna justificación. Pensamos que es ilegal y que va en contravía de lo que se ha manifestado en términos del apoyo a la industria del cannabis medicinal. Pedimos al Gobierno celeridad, tiene la intención, está trabajando en unas modificaciones más amplias de la regulación, lo que estamos solicitando es que tome este único elemento de la regulación y lo elimine”.
Esta solicitud llega al Ejecutivo desde este mes porque la medida tiene implicaciones muy grandes en las planeaciones de las empresas. Es decir, si esos artículos se van a quitar o no, es necesario que se conozca inmediatamente porque los ciclos de producción son largos y habría que solicitar las destrucciones ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, entre otros trámites.
Los argumentos del sector cannabis
Para sostener esta solicitud, los empresarios presentan cuatro argumentos. El primero, que las normas cuya derogatoria se solicita no se derivan de normativas internacionales aplicables al control de inventarios de cannabis.
“Se constituye entonces en una medida sancionatoria ilegal, desconociendo que las autoridades de control tienen la facultad de ordenar la destrucción particular de inventarios de estupefacientes, cuando se configura una infracción y se surte el debido proceso para establecer la sanción administrativa”, dice la misiva enviada.
El segundo, que no existe, en derecho comparado, normas similares en países competidores. Lo que deriva en una restricción gravosa impuesta por el Estado colombiano a su industria local.
El tercero, que las normas cuya derogatoria se solicita, vulnera derechos de nacionales colombianos.
“No existió al momento de la expedición de la norma una justificación o valoración del riesgo que justificara la gravosa medida impuesta a la naciente industria del cannabis. Y, al imponer la obligación de destrucción de un bien industrial legalmente producido, apto para disposición comercial por su titular y aún con vida útil, se generó para la industria un costo muy alto en casos de sobreestimación de demanda, creando así una consecuencia punitiva desproporcionada. En lugar de crear herramientas de sostenibilidad para los licenciatarios que afrontaran retos en el mercado, se asumió una posición extintiva para la industria”, argumenta el sector privado.
Y el cuarto, que estos artículos imponen un trato discriminatorio a la industria del cannabis frente a las demás industrias productivas nacionales.
Para los gremios mencionados, Colombia es importador y usuario de muchos otros estupefacientes y no existe norma similar u homóloga que obligue a otras industrias a la destrucción de su inventario. Y adicional a eso, que la industria de cannabis es altamente vigilada, por lo que el número de entidades de control que vigila al sector es mayor al de otras industrias, lo que hace más difícil comprender la motivación para imponer la obligación de destruir producto técnica y comercialmente apto para su disposición y consumo.
Así las cosas, la no derogatoria de estos artículos, y en consecuencia su aplicación, “representaría una estocada mortal para los licenciatarios de cannabis medicinal en todo el país y es un sin sentido aborto a la industria del cannabis medicinal en Colombia, que hasta el momento ha generado empleo formal, con un claro potencial de crecimiento que significaría beneficios no menores para la economía del país, si el Gobierno nos lo permite”, enfatiza el sector cannabis.