Bogotá — Éxito, Falabella y Dollarcity se enfrenta a una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por, presuntamente, comercializar disfraces y máscaras peligrosos para los menores de edad.
La autoridad indicó que luego de realizar las correspondientes averiguaciones preliminares y de evaluar el material probatorio recaudado, encontró mérito para iniciar investigación administrativa mediante la formulación de cargos.
Por lo que advirtió que estas empresas aparentemente “estaban comercializando disfraces para Halloween dirigidos a niños mayores de 8 años, los cuales contenían máscaras que podrían considerarse inseguras por cubrir enteramente cabeza y rostro, no contar con orificios a la altura de la nariz y la boca para ejecutar el proceso de respiración de forma natural y por tener amarres en el cuello, lo que no permitiría el retiro fácil del producto”.
A lo que se suma que Éxito, Falabella y Dollarcity, presuntamente, no acataron las órdenes impartidas por la SIC mediante la Resolución 33 del 9 de enero de 2013, la cual ordenó “prohibir como medida definitiva la producción, distribución y comercialización de toda máscara que, independientemente del material en que haya sido elaborada o se pretenda fabricar, obstaculice e impida ejecutar en forma libre y natural el proceso vital de respiración, especialmente cuando reúna ciertas características”.
Dichas características son: cubra enteramente cabeza y rostro, no cuente con orificios especialmente diseñados, esto es, diferentes a los que se encuentran dispuestos a la altura de los ojos y de los oídos, o con un sistema de oxigenación y/o ventilación que permita ejecutar el proceso de respiración en forma natural y, tenga un tipo de ajuste o amarre que comprometa el retiro fácil del producto en caso de que el usuario este soportando un evento adverso para la salud y necesite oxígeno, como lo es la atadura de cordones al cuello”.
Contra esta apertura de investigación no procede ningún recurso.
Y de confirmarse la vulneración por parte de las empresas investigadas, luego de adelantarse la correspondiente investigación administrativa, se podrán imponer multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una, equivalentes a $2.320 millones.
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