Bloomberg — El Gobierno colombiano quiere reorganizar el Banco de la República, al que responsabiliza de la debilidad de la economía, nombrando a jóvenes economistas con ideas “frescas”.
El presidente Gustavo Petro, que ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la negativa del banco a reducir más rápidamente los tipos de interés, debe cambiar a dos miembros de su Junta Directiva a más tardar en febrero. También es posible que aumente el número de mujeres responsables de la política, según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
“Queremos un cambio generacional” en el banco, dijo Bonilla el martes, en una entrevista en Bogotá. “Es necesario aumentar el número de mujeres, pero aún no hemos identificado a quién cambiar”.
El banco central ha ignorado repetidamente las peticiones de Petro y Bonilla de acelerar el ritmo de la relajación monetaria para reactivar la débil economía.
Cuando los nuevos nombramientos entren en funciones, Petro habrá designado a la mayoría de la junta, y algunos economistas temen que esto pueda conducir a una política monetaria más laxa antes de que las presiones inflacionistas estén totalmente controladas.
Petro nombró a un miembro de la junta, Olga Lucía Acosta, el año pasado, así como al propio Bonilla, que forma parte del comité de política.
Bonilla no dio detalles sobre qué ideas frescas podrían tener los nuevos nombramientos. En 2022, cuando todavía estaba en campaña por la presidencia, Petro dijo que nombraría en el banco central a economistas con “experiencia en producción” que pudieran orientar la política monetaria hacia el fomento de la producción y el empleo.
Los economistas están divididos sobre si el banco acelerará el ritmo de recortes de tipos este mes y recortará su tipo clave en tres cuartos de punto porcentual.
Desde diciembre, el banco central ha recortado los tipos de interés en 2,5 puntos porcentuales, hasta el 10,75%. Bonilla y otro miembro de la junta han argumentado que el problema de la inflación de Colombia está en gran medida resuelto, y han votado a favor de una flexibilización más agresiva en las últimas reuniones.
La inflación se desaceleró al 6,12% el mes pasado, su nivel más bajo desde 2021, aunque todavía por encima del rango objetivo del 2% al 4%.
Subvenciones a los combustibles
El gobierno pretende eliminar por completo los costosos subsidios a los combustibles para cuando deje el cargo en 2026, dijo Bonilla. Este mes, la nación sufrió su mayor brote de disturbios desde que Petro asumió el cargo cuando su intento de aumentar el precio del diésel llevó a los camioneros a bloquear ciudades y carreteras en todo el país.
Bonilla dijo que el Gobierno negociará con los camioneros para resolver los problemas relacionados con la renovación de la flota de vehículos y los costes de flete, y que reanudará las subidas del precio del gasóleo el año que viene.
“Queremos entregar al próximo Gobierno con este tema resuelto”, dijo Bonilla. “Se lo entregaremos al próximo gobierno con las cuentas saneadas”.
Recorte presupuestario
El débil crecimiento económico y unos ingresos fiscales inferiores a los previstos han socavado la situación fiscal del país. La propuesta del gobierno de un presupuesto de COP$523 billones (125.000 millones de dólares) para 2025 requeriría subidas de impuestos para cubrir el déficit de financiación.
El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley para aumentar los impuestos a las personas ricas y a las emisiones de carbono. Bonilla quiere llegar a un acuerdo con los legisladores para aumentar los impuestos, pero dijo que el Gobierno recortará el gasto como último recurso si el Congreso no aprueba su proyecto de ley de financiación antes de la fecha límite del 31 de diciembre, o lo aprueba sólo parcialmente.
“Recortar el presupuesto no está entre nuestras primeras opciones”, afirmó.
Algunos economistas han expresado su preocupación por la enmienda “verde” propuesta por el Gobierno, que le permitiría saltarse las restricciones de gasto para proyectos con objetivos medioambientales a partir del año que viene. Bonilla dijo que los cambios están justificados para proteger el medio ambiente.
“Si estamos en el proceso de lucha contra el cambio climático, es necesario identificar este tipo de proyectos y darles un trato preferente”, dijo.
