Bloomberg Línea — Desde el jueves 16 de enero, la violencia azota el Catatumbo, una región colombiana en el noreste del Norte de Santander y una pequeña parte al suroeste del Cesar.
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Los disturbios son a causa de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que han dejado más de 80 muertos, miles de desplazados y decenas de secuestrados, según cifras de las autoridades locales
El ámbito geográfico afectado lo conforman los municipios de Río de Oro y González en el Cesar y los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y La Playa de Belén, en Norte de Santander.
Hace dos meses, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana de inminencia ante el riesgo que se observaba para diversos sectores poblacionales de municipios que conforman la región, “debido a las nuevas dinámicas que ha adquirido el conflicto armado interno en los últimos meses en estas zonas”.
Sin embargo, como han recalcado diferentes sectores, no se hizo nada por evitar la escalada de violencia. Las imágenes que circulan en medios nacionales y redes sociales muestran vehículos quemados, casas en ruinas, familias desplazadas buscando refugio, además de la retención ilegal de propiedades.
La organización Vivamos Humanos estimó que al 19 de enero, al menos 7.000 personas habían sido obligadas a desplazarse a causa de la violencia de los últimos días. Las cientos de familias estarían buscando refugio en Cúcuta, Ocaña, El Zulia y Venezuela, de acuerdo con los reportes locales.
Por su lado, el Ministerio de Defensa dijo que está desarrollando operaciones militares que permitan garantizar el control territorial en la región del Catatumbo, incluyendo el envío de 400 elementos adicionales de las Fuerzas Militares de Colombia, quienes han llegado a reforzar la seguridad.
Las empresas que operan en el Catatumbo
Como era de esperarse, la situación crítica, que para algunos recuerda a la zozobra de hace más de 25 años, está incidiendo en la actividad productiva de la región.
RCN Noticias informó que la crisis de orden público en el Catatumbo está teniendo impactos sobre la economía de la región. Las pérdidas por las confrontaciones entre el ELN y las disidencias son incalculables, con más de 1.600 empresas afectadas solo en Tibú.
Ecopetrol informó que ante las condiciones de orden público en la zona, ha activado sus planes de continuidad operativa en los campos Tibú, Sardinata y Oripaya, en el Norte de Santander, operando con el personal mínimo vital a raíz de las restricciones de movilidad.
En estos campos que producen en conjunto unos 1.900 barriles equivalentes por día y 4 millones de pies cúbicos de gas, se ha restringido la movilidad del personal directo y contratistas como medida preventiva para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y las comunidades cercanas.
La petrolera agregó que, de llegar a presentarse una condición de orden pública crítica podría generarse restricciones al suministro de gas y crudo a la población de Tibú y a la ciudad de Cúcuta.
En ese mismo escenario, la empresa procedería con la suspensión temporal de los contratos y actividades en la zona, lo que podría impactar a cerca de 300 contratistas que operan en estos campos. Esta medida sería necesaria debido a la imposibilidad de mantener las operaciones de manera habitual.
Asimismo, las Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) confirmaron que están operando de forma restringida, por lo que algunas cuadrillas han sido evacuadas para preservar su integridad.
También DISICO, empresa dedicada a proveer soluciones integrales en materia de Ingeniería eléctrica, informó que al igual que CENS y Ecopetrol, decidió suspender sus labores en la región del Catatumbo, con el fin de salvaguardar la vida e integridad de sus trabajadores. “Esta medida se mantendrá hasta que se cuente con nuevos detalles sobre la grave situación de orden público en la región”.
Al sector energía se le suman las empresas de transporte intermunicipal, quienes informaron que tomaron acciones frente a la situación de orden público en el Catatumbo, suspendiendo “hasta nueva orden” el despacho de vehículos hacia la ruta Cúcuta-Tibú, La Gabarra, El Tarra y Puerto Palmas.
La Federación -Red- de Productores del Catatumbo provincia de Ocaña y sur del Cesar (Fedeprocap), que representa a 2.230 familias productivas del territorio, expresó en un comunicado su “profunda preocupación y dolor ante los recientes hechos de violencia”.
“Estos actos han generado incertidumbre, temor y sufrimiento en nuestras comunidades, afectando la vida cotidiana de familias trabajadoras que merece vivir en paz”, agregó la gremial.
