Bloomberg Línea — La intervención de las entidades promotoras de salud EPS Sanitas y Nueva EPS, que en conjunto suman más de 15 millones de usuarios en el país, podría tener repercusiones legales y ponen sobre la mesa la posibilidad de aplicar los tratados bilaterales de inversión o los acuerdos para la promoción recíproca de inversiones suscritos por Colombia.
EPS Sanitas, controlada por el grupo español Keralty, ya se ha desmarcado de la actuación del Gobierno y ha señalado que la intervención es “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.
No obstante, el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, ha dicho que “ninguna de las dos (Sanitas y Nueva EPS) cumple con los requisitos habilitados financieros para poder ejercer sus funciones, como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas”.
La firma de abogados Gómez-Pinzón explica a Bloomberg Línea que las acciones legales que procedan en contra de los actos administrativos por las cuales se ordenó esa toma de posesión van inicialmente desde la nulidad y restablecimiento del derecho, para el caso de las firmas de capital colombiano.
“Por ejemplo, podría considerarse que hay una falta de motivación del Gobierno o de la entidad que tomó la decisión de intervenir y en consecuencia, la resolución o el acto administrativo devendría nulo”, señaló a este medio David Araque, socio de litigio y protección de inversiones de Gómez-Pinzón.
Sobre este tipo de medidas hay varios antecedentes, por ejemplo, en 2022 el Consejo de Estado negó las pretensiones de demanda de más COP$22.000 millones que presentaron socios de Humana Vivir por la intervención a la EPS.
Desde el punto de vista de los inversionistas y los grupos extranjeros, estos podrían volcarse a los tratados internacionales que incorporan estándares de protección para los inversores para reclamar una eventual expropiación.
De acuerdo al bufete de abogados, esta es “una medida implementada por una autoridad gubernamental que priva al inversionista de forma sustancial del uso económico y el goce de los derechos de propiedad sobre su inversión. Tal expropiación puede ser directa o indirecta”.
En el caso del grupo Keralty, este podría acogerse el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, entre otros, “a efectos de determinar si el comportamiento y las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional da o no da lugar a la violación de los estándares” de dichos acuerdos, manifestó David Araque.
“Si el inversionista considera que las medidas adoptadas por el Gobierno violan, por ejemplo, el trato justo y equitativo, o que al final del día comporta una expropiación, y que no da lugar a una indemnización, entonces tendrían que activar el tratado”, dijo el abogado.
Dicha activación se hace a través de una solicitud de arreglo directo con el Gobierno colombiano. Se estima que esa etapa de arreglo directo dura seis meses.
Una vez agotada la etapa de arreglo directo, y pasados esos seis meses, si el inversionista considera que no se llegó a ningún acuerdo tendrá que presentar una reclamación bajo el tratado.
Para presentar esa reclamación existen dos vías distintas y excluyentes. Una es ir a arbitraje ad hoc bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) o la otra es ir a arbitraje de inversión bajo las reglas Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Gobierno dice que está evitando liquidación de las EPS
El Gobierno ha dicho que estas medidas fueron preventivas para evitar la liquidación de las EPS, que preservará la atención de los usuarios y que “pueden estar totalmente tranquilos” tanto los usuarios del régimen contributivo como el subsidiado, como lo manifestó el ministro de Salud y Protección Social colonbiano, Guillermo Alfonso Jaramillo.
No obstante, Sanitas, con cerca de 5,7 millones de usuarios en el país, ha expresado que la intervención sí puede comprometer la prestación del servicio y “cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”.
En medio de la coyuntura por la intervención de EPS en el país, Compensar ha anunciado que decide someterse de forma voluntaria a un proceso de intervención.
Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, desligó la decisión de la EPS de someterse a liquidación a las acciones del Gobierno y dijo que se trata de una situación estructural del sistema que lleva más tiempo.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado su compromiso de garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores de la salud tras la intervención de las EPS.
Desde ahora, se ha establecido una hoja de ruta y un plan especial para acompañar a aquellos que se sientan vulnerados en sus derechos, dijo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Para este propósito, se cuenta con la dirección de Inspección, Vigilancia y Control, la cual dispone de inspectores para atender las querellas o requerimientos que presenten los trabajadores.
