Bogotá — La llegada del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destapó las cartas del Gobierno de Gustavo Petro en el mediano plazo: buscar un acuerdo nacional para lograr una Asamblea Nacional Constituyente que se materialice en el próximo gobierno, es decir, en el ejercicio 2026-2030.
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Así lo dijo Cristo en su primera intervención como jefe de la cartera del Interior, en la que además aseguró que esta Asamblea será “bajo los parámetros de la Constitución del 91, que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas consensuada y vamos a abrir, a partir de ahora, un diálogo con todos los sectores del país”.
En ese sentido, expresó que ese diálogo será con los sectores amigos y con la oposición, con las altas cortes, el Congreso, las organizaciones sociales y comunitarias, los sindicatos, los gremios y empresarios, “a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que, eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una Constituyente que no se convocaría ni se elegiría, sería un proceso que comienza ahora y, a que si llegamos a un acuerdo político nacional, se elegiría en un próximo gobierno”.
Las reacciones a estas declaraciones no se hicieron esperar. A favor están el senador Iván Cepeda, quien manifestó que se “abre la posibilidad de materializar un acuerdo nacional, bien sea a través de un proceso de concertación que finalice en una Asamblea Nacional Constituyente, o de otra figura política, pero lo fundamental es que se abra un diálogo sobre los asuntos nacionales que concluya en soluciones que tengan un consenso nacional. Y que ello cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, y que incluya los acuerdos que se están haciendo con los grupos armados”.
Y en contra el expresidente Iván Duque, quien indicó que una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual gobierno y al Pacto Histórico. “El tal acuerdo nacional es una fachada para provocar una ruptura institucional. Ese proceso generará incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional”.
A lo que agregó que el Congreso y las Cortes deben “negar ese camino hacia el modelo chavista impulsado ahora por quienes han sido los áulicos del terrorismo y los más vivos exponentes del clientelismo y la corrupción”.
También se opuso el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, expresó que “Juan Fernando Cristo luego de oponerse férreamente a la constituyente de Petro recibió Ministerio del Interior y a los minutos comenzó a hablar en favor de una Asamblea Nacional Constituyente. Es un mercenario, sin principios ni vergüenza”.
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El senador de Cambio Radical, David Luna, señaló: “¿Qué se supone que buscan con una nueva constituyente? ¿Qué es lo que no está incluido en la Constitución del 91, que además es uno de los consensos más importantes de nuestra historia? ¿Qué límites se quieren exceder? No veo otro interés que la reelección del presidente Petro”.
Y añadió que sería bueno que el nuevo ministro Cristo, desde ya, “deje claro que es una línea roja, así como lo hizo el ministro Néstor Osuna, Alejandro Gaviria y otros más que han ido saliendo. Yo no estaré en ese despropósito, yo defiendo la Constitución del 91. No más globos dañinos para la democracia”.
Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, expresó que el nuevo ministro del Interior saldrá por la puerta de atrás. “Fracasó antes de iniciar su gestión. Si Cristo promueve una constituyente de acuerdo a la ley, no tendrá ni el apoyo político ni popular. Será vencido en el Congreso. Si insiste en la constituyente ilegal de Petro, tendrá que acudir a la corrupción que caracteriza a este Gobierno. Pronto protagonizará un escándalo. Colombia no necesita una nueva Constitución, necesita un buen presidente. OJO: la constituyente de Petro es para reelegirse”.
El abogado Rodrigo Uprimny reiteró un mensaje que publicó en una columna en Dejusticia: “hoy en Colombia una constituyente no sólo no es necesaria, sino que es riesgosa, puesto que pondría en peligro la Constitución de 1991, que, sin ser perfecta, es un marco jurídico en que la gran mayoría de los colombianos nos reconocemos, a pesar de nuestras divisiones”.
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No obstante, en ella destaca que “un acuerdo nacional parece necesario por cuanto estamos viviendo una crispación y polarización crecientes, que no solo deterioran el debate democrático, sino que además impiden que avancemos en reformas que el país requiere. Todo esto favorece las posiciones extremas de derecha, izquierda e incluso de centro (porque también hay a veces un extremismo de centro, por extraño que suene)”.
Con lo que concluye que un acuerdo nacional que reafirme los valores democráticos y constitucionales, que posibilite un avance concertado de las reformas sociales y en que participen no solo las fuerzas políticas sino también otros actores, como las organizaciones populares, los empresarios o las iglesias, “tal vez podría permitirnos salir de ese riesgoso impasse en que hoy estamos”.
