Bogotá — El auge de los criptoactivos en el mundo trae para los sistemas fiscales de los distintos países grandes desafíos en materia fiscal y en la medida en que se popularizan estos instrumentos los retos pueden llegar a ser aún mayores.
Un artículo construido entre la jefa de la División de Administración de Ingresos II del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Katherine Baer, el Director Adjunto del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Ruud De Mooij, el subjefe de División en el Departamento de Finanzas Públicas, Shafik Hebous, y el director adjunto de finanzas públicas, Michael Keen, advierte que los criptoactivos que se pueden usar como instrumentos de pago han proliferado en más de 10 000 variantes desde el debut de Bitcoin en 2009, el primero y aún el más grande.
Aseguran que la velocidad desconcertante con la que se han desarrollado y el seudónimo que pueden proporcionar han dejado a los sistemas tributarios jugando a ponerse al día.
Se ha discutido cómo los gobiernos pueden abordar los desafíos emergentes de gravar estos criptoactivos mientras su uso aún es limitado para evitar una fuga en los ingresos fiscales y proteger la integridad del sistema tributario.
Clasificación de criptografía
Las opiniones sobre los criptoactivos son diversas y se mantienen con pasión. La perspectiva de liberar las transacciones financieras de la supervisión de los gobiernos y la participación de las instituciones financieras es un sueño libertario para algunos.
El Salvador y la República Centroafricana han llegado a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal.
Los críticos, sin embargo, ven los criptoactivos no solo como intrínsecamente inútiles, sino como una fachada para el crimen, las estafas y los juegos de azar.
También apuntan a su vertiginosa volatilidad. Bitcoin, por ejemplo, se disparó de US$200 hace una década a casi US$70,000 en 2021 antes de caer a alrededor de US$29,000 en la actualidad.
El colapso de FTX el año pasado y las recientes demandas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. contra Binance y Coinbase han alimentado la ansiedad entre los usuarios, mientras que el atractivo de las actividades delictivas se ha reflejado en incautaciones de alto perfil de miles de millones de dólares.
Estos desarrollos han desencadenado un escrutinio cada vez mayor por parte de los formuladores de políticas y llamados generalizados a la regulación.
Pero ya sea que los criptoactivos finalmente crezcan o se derrumben, se necesita una forma coherente de gravarlos.
Una cuestión clave es cómo clasificar los criptoactivos: ¿deberían considerarse propiedad o moneda? Cuando las criptomonedas se venden con fines de lucro, las ganancias de capital deben gravarse como lo harían con otros activos. Y las compras realizadas con criptomonedas deben estar sujetas a los mismos impuestos sobre las ventas o el valor agregado, o IVA, que se aplicarían a las transacciones en efectivo.
Por lo tanto, una tarea importante es garantizar la aplicación de estos principios, lo que requiere claridad sobre cómo caracterizar las criptomonedas a efectos fiscales: en esencia, como monedas para el IVA y los impuestos sobre las ventas y como activos a efectos del impuesto sobre la renta.
Si bien esto no es fácil debido a la naturaleza evolutiva de las transacciones de criptoactivos, es perfectamente posible. Los desafíos más profundos se encuentran entonces en la aplicación.
Consideraciones de ingresos
Las estimaciones brutas sugieren que un impuesto del 20% sobre las ganancias de capital de las criptomonedas habría recaudado alrededor de US$100 mil millones en todo el mundo en medio de precios altísimos en 2021. Eso es alrededor del 4% de los ingresos del impuesto sobre la renta empresarial global, o el 0,4% de la recaudación total de impuestos.
Pero con la capitalización total del criptomercado un 63% por debajo del pico de finales de 2021, los ingresos fiscales se habrían reducido. Si estas pérdidas se compensaran por completo con otros impuestos, habría una reducción correspondiente en los ingresos.
En tiempos más normales y con el tamaño actual del mercado, los ingresos globales por impuestos criptográficos probablemente promediarían menos de US$25 mil millones al año. Eso, en el esquema más amplio de las cosas, no es una gran cantidad.
También hay importantes cuestiones de equidad en juego. Aunque su seudónimo hace que sea difícil estar seguro de quién posee las criptomonedas, hay indicios de que la propiedad está muy concentrada entre los relativamente ricos, aunque la posesión de criptomonedas también es sorprendentemente común entre las personas con bajos ingresos. Las encuestas disponibles indican que unas 10.000 personas poseen una cuarta parte de todos los Bitcoin.
También hay IVA. Las transacciones criptográficas tienen similitudes con las transacciones en efectivo en su potencial para ocultarse a las administraciones tributarias. Hoy en día, la proporción de compras realizadas con criptomonedas sigue siendo pequeña.
Pero el uso generalizado, si los sistemas tributarios no estuvieran preparados, algún día podría significar una evasión generalizada del IVA y los impuestos sobre las ventas, lo que conduciría a ingresos gubernamentales sustancialmente más bajos. Esta puede ser la mayor amenaza de las criptomonedas.
Abordar la implementación
La dificultad más fundamental para gravar los criptoactivos es que son “seudónimos”. Es decir, las transacciones utilizan direcciones públicas que son extremadamente difíciles de vincular con individuos o empresas. Esto puede facilitar la evasión de impuestos. Por lo tanto, la implementación está en el centro del asunto para las autoridades fiscales.
El problema se puede superar cuando las personas realizan transacciones a través de intercambios centralizados, ya que estos pueden estar sujetos a las reglas estándar de seguimiento de “conozca a su cliente”, y posiblemente retenciones de impuestos. Muchos países están implementando tales reglas con la expectativa de que el cumplimiento tributario mejorará.
Sin embargo, las obligaciones de presentación de informes podrían inducir a las personas a mantener a las autoridades fiscales en la ignorancia y, en su lugar, utilizar intercambios centralizados en el extranjero. Para abordar esa preocupación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha desarrollado un marco para el intercambio de información relacionada con criptografía entre países. La implementación, sin embargo, está un poco lejos.
Una posibilidad más preocupante es que las reglas de informes (y las fallas de algunos intermediarios criptográficos) podrían inducir a las personas a realizar transacciones cada vez más a través de intercambios descentralizados o directamente a través de intercambios entre pares donde ningún organismo de gobierno central supervisa estas transacciones. Todavía son extremadamente difíciles de penetrar para los administradores tributarios.
Dada la complejidad de los desafíos fundamentales que plantea el seudónimo, la rapidez de la innovación, las grandes brechas de información y las incertidumbres que se avecinan, la marea aún no ha cambiado en la batalla para incorporar adecuadamente las criptomonedas en el sistema fiscal más amplio. Algunos de los elementos necesarios para hacerlo, como la claridad en su clasificación a efectos fiscales, son claros.
Pero los desafíos son fundamentales y los riesgos, en particular para el IVA y los impuestos sobre las ventas, pueden ser mayores de lo que la gente reconoce. Como muchos gobiernos (aunque no todos) comienzan a darse cuenta, los legisladores deben desarrollar marcos claros, coherentes y efectivos para gravar las criptomonedas.
