Corte tumbó cobro en facturas de energía que decretó Petro para La Guajira

Buscaba cobrar un agregado a la tarifa de energía a los estratos 4, 5 y 6 en el marco de la emergencia económica de La Guajira. Eran $1.000 para personas naturales y $5.000 para industriales

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Bogotá — La Corte Constitucional les dio otro golpe jurídico a las pretensiones del Gobierno de Gustavo Petro. A los reveses que ya tuvo la reforma tributaria de 2022 se suma un nuevo a la emergencia social y económica decretada en La Guajira.

Reversó este jueves el decreto 1276 que pretendía cobrar un agregado a la tarifa de energía a los estratos 4, 5 y 6 en el marco de la emergencia económica de La Guajira.

Esta medida aplicaría un cobro de $1.000 a las personas naturales a través de su factura de energía y de $5.000 a las personas jurídicas de la industria.

“Declarar inexequible el decreto legislativo 1276 del 31 de julio de 2023, ‘Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”, señaló la orden de la Corte Constitucional.

Además, el tribunal destacó “la inexequibilidad que trata el numeral anterior tendrá efectos retroactivos a partir del 31 de julio de 2023 respecto de los artículos 3, 6, 7 y 8 del Decreto Legislativo 1276 del 31 de julio de 2023″.

Quedó determinado que tras el fallo judicial de la Corte Constitucional los recursos deberán ser devueltos a los contribuyentes “mediante compensación con la facturación del servicio de energía eléctrica, en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de adopción de esta decisión”.

Finalmente, la entidad dijo que “el impuesto previsto en el artículo tercero no está relacionado con la prestación del servicio de agua o el saneamiento básico, y su existencia en el ordenamiento jurídico, aunque haya sido temporal, compromete intensamente el principio democrático y el principio de legalidad de los tributos”.

El presidente Petro se cuestionó “¿En dónde está la justicia?” luego de conocer la decisión que tumbó el decreto de la emergencia económica.