Bloomberg — Un alto tribunal colombiano rechazó la solicitud del Gobierno de posponer el pago de regalías inconstitucionales a las compañías petroleras y mineras, lo que tensó aún más las finanzas fiscales del país.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no demostró que un fallo que anuló los impuestos sobre regalías el año pasado produjo impactos “graves” en la sostenibilidad fiscal, dijo la Corte Constitucional en un comunicado. La decisión significa que el Gobierno tendrá que devolver el dinero recibido, con un impacto fiscal estimado en US$1.700 millones por el Ministerio de Hacienda, lo que representaría un duro golpe para las arcas públicas.
La decisión ejerce más presión sobre el Gobierno para que ajuste sus perspectivas fiscales. Colombia está lidiando con un crecimiento económico débil y unos ingresos tributarios inferiores a los esperados, lo que ha obligado a la Administración a considerar un déficit presupuestario mayor este año.
Bonilla había dicho este mes en una audiencia que Colombia podría registrar déficits fiscales más amplios como una alternativa de corto plazo si el tribunal rechazaba la petición del Gobierno y provocaba que los ingresos fueran insuficientes.
La decisión judicial del lunes responde a una reforma fiscal de 2022 aprobada por el Congreso que prohibía a las empresas de combustibles fósiles deducir los pagos de regalías de los impuestos corporativos. El año pasado, la Corte Constitucional anuló el impuesto y el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba retrasar un reembolso que las empresas pagaron en concepto de retenciones fiscales.
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