Cartagena de Indias — Mario Huertas, uno de los contratistas más importantes de Colombia, ya le dijo no al proyecto vial que el Gobierno de Gustavo Petro quieren adjudicar al sur del país.
Huertas, un constructor que ha participado de licitaciones de infraestructura durante los últimos 20 años, ve complejidades que lo llevan a desistir de participar del proceso anunciado por la Agencia Nacional de Infraestructura por más de US$1.770 millones.
“El sector financiero está costoso”, dice Huertas en diálogo con Bloomberg Línea durante el Congreso de Infraestructura en Cartagena.
Y es que hay que recordar que las tasas de interés del Banco de la República han venido cayendo a una velocidad inferior a la que el Gobierno y el sector productivo se lo ha pedido a la Junta Directiva de la autoridad monetaria.
Las tasas en Colombia van en el 9,75%, mientras que la inflación ronda el 5,4%. La mayoría de los proyectos de infraestructura en el país requieren que el constructor ejecute las obras con recursos propios y financiación propia y el Estado paga una vez el proyecto se entregue terminado; por lo general se hace en varias fases para ir generando liquidez en las firmas.
Huertas explicó que un proyecto como El Estanquillo - Popayán, que contempla 14 túneles, 116 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco intersecciones nuevas a nivel y desnivel, “es muy difícil de estructurar financieramente y cumplir con los plazos”.
Dicha obra, anunciada por la ANI durante el Congreso de Infraestructura en Cartagena contempla un plazo de seis años entre las etapas preconstructivas y de construcción (1,5 años de preconstrucción y 4,5 años de construcción).
Destrabar la movilidad de Bogotá
Huertas, que en el pasado fue constructo de arterias de movilidad como la Avenida Boyacá, Córdoba, Suba y la ampliación de la Autopista Norte, tiene hoy varios proyectos en la capital colombiana.
Sin embargo, son obras que han experimentado retrasos y que hoy son necesarias para contribuir a la movilidad de la ciudad.
De acuerdo con el Huertas dichas obras deberían terminarse entre 2026 y 2027, pero advierte que hay problemas, ajenos a los constructores, que se debe resolver previamente.
“Los problemas son porque los servicios públicos en la Avenida 68 no están en donde dicen los planos”, advierte Huertas quien enfatiza en que los retrasos que se han presentado vienen “de la estructuración del proyecto”.
A pesar de los inconvenientes que eso ha generado, el constructor asegura que la administración de Carlos Fernando Galán ha sido un aliado en la solución de las dificultades, “esta administración lo ha cogido con una seriedad muy importante para poder resolver en conjunto. Esto requiere de la coordinación de muchas entidades”.
Y es que asegura que ni para Bogotá, ni para su empresa, resulta conveniente que los contratos se extiendan más de lo que estuvo previsto inicialmente, “ninguno quiere permanecer más tiempo del contratado, pero eso ha sido imposible por falta de esa coordinación, hoy vemos una actitud diferente del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)”.
De acuerdo con Huertas solucionar dichos problemas permitirá invertir COP$600 mil millones en la culminación de las obras que la ciudad necesita para mejorar la movilidad.
