Bogotá — El presidente colombiano Gustavo Petro está convencido de que el país debe debatir sobre la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, son innumerables las críticas a su propuesta y en la región ya hay un antecedente de cómo puede terminar la iniciativa si no hay un convencimiento absoluto de su necesidad.
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De hecho, para avanzar en lo que Petro ha llamado un “diálogo nacional”, removió a varios de sus ministros de gobierno para dar un nuevo aire a la gobernanza; y entre los nuevos está Juan Fernando Cristo, un exsenador que ya ocupó una vez el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Juan Manuel Santos y el cual fue determinante para sacar adelante el acuerdo de paz con las extintas FARC.
Sin embargo, el expresidente Santos es uno de los principales opositores a la idea de Petro de redactar una nueva constitución y ha señalado que la Carta Política de 1991 ofrece todos los elementos que requiere el presidente para sacar adelante su agenda de reformas.
Santos se opone a quien fuera su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, uno de los opositores a Petro que sí acoge la propuesta de constituyente, pero, aclara el líder opositor, bajo las reglas que están establecidas en la Constitución de 1991.
Daniel Castellanos, presidente de Impacta, advierte que sin ser partidario de realizar la constituyente y, únicamente participando de un ejercicio hipotético en el que se convocara en el futuro, “debería plantearse la idea de no reescribir una nueva constitución sino de afinar aspectos puntuales”.
Aseguró hay temas que, claramente, “no están funcionando en Colombia”, que a su juicio no requieren de una constituyente, pero que si se hiciera, debería ser enfocada en reformar los capítulos de “justicia, ordenamiento territorial, algo de lo político”, pero enfatizó en que no apoya convocarla.
El presidente Petro ha tachado de “extrema derecha” a todos aquellos que se han manifestado en contra de redactar una nueva constitución, y agregó que “el pueblo no va a retroceder a la sangre y al terror de las noches. A la sierra eléctrica”.
Entre tanto, Carlos Arias, gerente de Estrategia y Poder, aseguro que solamente plantear que haya una posibilidad de que la constituyente se dé no tiene ningún tipo de camino positivo para Colombia.
“Pensar la constituyente rompería cualquier tipo de institucionalidad. Entonces, el ejercicio constituyente, así se apruebe, ya es un fracaso para el proceso de gobernabilidad de Colombia”, dice el experto.
Advierte, además, que “la presentación y la ejecución estratégica y política de victimización que tiene el gobierno para sacar adelante la constitución deja dos años de desgobernabilidad”.
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Concluye que no ve en ningún escenario en el que la constituyente pueda hacer tener un escenario positivo. “En sí misma, hoy la constituyente es un fracaso para el ejercicio de Gobierno en un país con tantos problemas y con un desgobierno y con un líder político que está más preocupado por reelegirse en sus ideas que en solucionar los dos años que le quedan de mandato”, sentenció Arias.
La experiencia chilena
En noviembre de 2019 los chilenos llegaron a un acuerdo político para generar una nueva constitución política. En ese momento el país estaba sumergido en protestas ciudadanas que se prolongaron por varios meses.
El objetivo del proceso constituyente era remplazar la carta política que fue redactada en la década de los 80 durante la dictadura de Augusto Pinochet.
En octubre de 2020 los chilenos votaron el plebiscito que preguntaba si querían o no una nueva constitución y casi un 80% de los votantes lo hizo a favor de una nueva carta política.
En 2021 se eligió la Convención Constitucional, conformada por 155 integrantes que representaban distintos sectores de la sociedad chilena, 78 fueron hombres y 77 mujeres.
Tras casi un año la convención entregó el texto de lo que sería la nueva constitución chilena y en septiembre de ese año se sometió a votación de la ciudadanía en donde el 62% rechazó la constitución propuesta.
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El fracaso de la nueva constitución dio lugar a la creación de un Consejo Constitucional de 50 integrantes que se encargaría de corregir aspectos de la propuesta rechazada en las urnas. Para ello contó con el apoyo de una comisión asesora de 24 miembros.
Dicho consejo trabajó hasta enero de 2023 cuando se definió el procedimiento para la construcción de la nueva constitución y se sometió a las urnas en diciembre de ese año, cuando nuevamente fue rechazada por la mayoría de los chilenos.
