Bogotá — El Congreso de Colombia ha hecho oídos sordos antes las alertas que han lanzado expertos sobre el proyecto de ley que modifica el Sistema General de Participaciones y que dejaría desfinanciado al Estado en los próximos años.
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En la actualidad la plenaria del Senado se prepara para discutir en su sexto debate el Acto Legislativo de iniciativa parlamentaria.
Desde ANIF ya se lanzó hace algunas semanas una alerta en relación a dicho proyecto. El Acto Legislativo busca que el Sistema General de Participaciones (SGP) crezca como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 46,5% en 10 años contados a partir del año 2027.
Incluso, José Roberto Acosta, director de Crédito Público, ha advertido de la inconveniencia del proyecto y su inconstitucionalidad.
Con esta fórmula, las transferencias del SGP aumentarían hasta un 9,2% del PIB en 2036, implicando una presión de gasto adicional de COP$395 billones constantes de 2024 para todo el período 2027-2036.
De aprobarse dicho proyecto, las transferencias territoriales irían ganando participación hasta el punto de que el 83% de los ingresos del Gobierno Nacional en 2036 estarían comprometidos en tres rubros: pensiones, intereses y transferencias del SGP.
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Andrés Pardo Amézquita, estratega jefe para América Latina en XP Investments señaló que “atenta contra la sostenibilidad fiscal de Colombia. Las transferencias al SGP aumentarían de un promedio de 4% del PIB en los últimos 20 años a más de 8.5% en 2036. Aun asumiendo cambios en responsabilidad de gasto hacia las regiones, podría ser insuficiente”.
El Acto Legislativo contempla que, en caso de ser aprobado, el Gobierno Nacional presentaría en un término de 12 meses ante el Congreso un proyecto de ley para precisar las competencias de los entes territoriales.
ANIF enfatiza en que resulta difícil analizar las bondades de un modelo de descentralización sin conocer una propuesta concreta de dichas competencias.
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Alerta que si este proyecto genera un debate nacional que incluya los temas de competencias y mejoras en la autonomía y administración tributaria de los entes territoriales, así como una reflexión sobre los montos y el período de transición, “nos daríamos por bien servidos”.
No obstante, los expertos de ANIF advierten que seguir avanzando en su trámite sin discutir sus enormes implicaciones fiscales y los importantes elementos ausentes no solo es grave para el país, sino que también puede ser contraproducente para el objetivo genuino de profundizar el desarrollo regional.
