Bogotá — En Colombia, el gasto en campañas presidenciales se financia primordialmente con créditos financieros y es destinado principalmente a propaganda electoral.
Así lo establece Fedesarrollo en su ‘Análisis de la política de financiación electoral en Colombia’, hecho por Víctor Saavedra, Andrés Felipe Soto y Miguel Ángel Carvajal, en el que indica que según lo reportado en Cuentas Claras, en 2014 el gasto agregado de la primera y segunda vuelta presidencial fue de $124.000 millones. Para 2018 este monto ascendió a $140.000 millones, mientras que en 2022 solo fue de $91.000 millones.
“Parte de esta caída responde a que este valor no incluye las consultas internas, que fueron ampliamente utilizadas en las últimas elecciones. Para estas consultas se reportó un gasto de $37.000 millones, lo que señala que, si se tiene también en cuenta estos comicios, el gasto se ha mantenido relativamente estable entre el rango de $120 y $140 mil millones”, indica el centro de pensamiento.
Sin embargo, los montos de la última elección sí respondieron a que el candidato en segundo puesto realizó un gasto muy inferior a la tendencia de la década: Gustavo Petro sobrepasó el gasto de Rodolfo Hernández en cerca de $24.000 millones.
Lo anterior, destaca Fedesarrollo, es “algo inédito en la historia reciente y que plantea la importante pregunta sobre cuánto en realidad deberían gastar los candidatos para poder disputar una elección”.
¿De dónde vienen los ingresos de los candidatos?
El Análisis establece que la mayoría de los ingresos de los candidatos se dan a través de créditos del sector financiero. Lo que ocurre debido a que el valor de cada voto ante una reposición de votos es considerablemente más alto para una elección presidencial: más de $6.000 por cada voto recibido en la primera vuelta de 2022 cuando no se solicitó anticipo (ningún candidato lo hizo).
Adicional a eso, que las entidades financieras y los candidatos suelen utilizar las encuestas para estimar cuánto podrían recibir por esta figura y así pedir créditos por montos permisibles según lo que esperen obtener, “esta fue la norma para las últimas elecciones, ya que, a diferencia de las pasadas elecciones presidenciales, en 2022 ningún candidato solicitó anticipos al Consejo Nacional Electoral, bien sea porque prefería el mayor valor del voto en la figura de reposición de votos, de esperar lograr más del 4% de votos, o porque no contaba con la garantía financiera que se requiere para acceder a los anticipos que ofrece el Fondo Nacional de Financiación Política”.
El centro de pensamiento anota que para las elecciones presidenciales el resto de los rubros de ingresos distintos a anticipos y créditos financieros, tienen un rol marginal en la financiación agregada de los candidatos y que solamente en 2022 las contribuciones de particulares tuvieron un peso mayor al 10%. Lo cual no es un porcentaje menor, “pero históricamente es claro que en la última década la mayor parte de la financiación reportada para este tipo de elección vino a través del sector financiero, o por anticipos estatales luego pagados con la figura de reposición”.
¿Cómo se emplea el dinero?
En cuanto a cómo se emplea el dinero en las presidenciales, Fedesarrollo señala que es notable que más del 50% en la última década se dedicó a la propaganda electoral, siendo en 2022 el mayor pico de este tipo de gasto con una participación del 62% sobre el gasto total de los candidatos.
Igualmente, el gasto en administración y transporte y correo se han mantenido, correspondientemente, como el segundo y tercer rubro de mayor importancia, con participaciones siempre menores al 20%.
“La financiación para las elecciones presidenciales se caracteriza actualmente por candidatos que, de percibir opciones reales en las encuestas, utilizan el sistema financiero para obtener liquidez en medio de la campaña y luego responden estos créditos con el dinero que otorga el Estado por reposición de votos. Si el Estado financiara estas elecciones, el esfuerzo fiscal rondaría alrededor de los $100.000 millones de pesos, sin tener en cuenta las consultas internas, y con niveles de gasto y de competencia política similares a los de las últimas tres elecciones”, concluye el Análisis.
Y añade que si se desea también financiar indirectamente, las mayores oportunidades parecen estar en que el Estado cumpla un rol más decisivo en la financiación equitativa de propaganda electoral, al ser este el rubro de gasto con mayor peso histórico.
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