Bogotá — Este domingo en Colombia se llevarán a cabo las elecciones regionales, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y ediles.
En medio de este panorama, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentó su quinto informe de violencia político electoral del actual calendario electoral, que comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 25 de octubre de 2023.
Recordemos que la violencia político electoral es una subcategoría de la violencia política que se define como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia, ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas.
Durante el periodo de tiempo analizado, se registraron 325 víctimas de violencia electoral en 262 hechos asociados. Del total de víctimas, 37 fueron asesinadas, 51 sufrieron un atentado y 236 fueron amenazadas. En relación con el informe inmediatamente anterior, correspondiente a los primeros diez meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 29 de agosto de 2023), se dio un incremento del 8,82% en el número de homicidios registrados, y del 62,5% en el número de atentados.
“Este quinto informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas”, destacó Pares.
Hallazgos más relevantes
-En comparación al informe final realizado para las elecciones del 2019 en Colombia, aumentaron en 95 las víctimas únicas y 85 los hechos registrados.
-Respecto al último informe realizado para las elecciones del 2022, Colombia aumentó en 103 las víctimas únicas y en 83 los hechos registrados.
-Además de las advertencias que Pares realizó en su cuarto informe, en el último bimestre se presentó el secuestro del candidato a la Alcaldía de Cantagallo, al sur de Bolívar, Omar Esparragaza, liberado por presiones de la comunidad.
-A ello se suma la salida del alcalde de Mistrató, Risaralda, de su municipio por presuntas amenazas del ELN.
-Se observó un incremento en los hechos victimizantes respecto a miembros del Partido Alianza Verde, pues registró un aumento del 70%, pasando de 10 hechos en el informe pasado a 17 para este quinto informe.
-Para el periodo de este informe no se registraron nuevos agentes perpetradores.
-Pares también advierte que, para el 29 de octubre del 2023, día de las elecciones, en el marco de la Paz Total los diferentes grupos armados que sostienen diálogos con el Gobierno, deben priorizar las garantías de participación política debido a que, si bien no son los mayores agentes perpetradores, tienen responsabilidad en el 24% de los hechos registrados.
Violencia por departamentos
De los departamentos que tienen mayores escenarios de riego por presencia de estructuras armadas en Colombia se encuentran: Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Tolima y Huila. En estos departamentos se observa la violencia selectiva de las estructuras armadas.
-Para el caso del Valle del Cauca, no se registran riesgos altos para realizar elecciones; pero existe preocupación por la violencia selectiva por parte de bandas criminales a candidatos como en el caso de Tuluá.
-En Caquetá tampoco se observan amenazas directas al proceso electoral.
-Para Norte de Santander, en el marco de un Consejo de Seguridad se alertó sobre el riesgo en 17 municipios de los 40 que componen el departamento. Pese a esto desde Pares no se han registrado como agentes perpetradores a algún grupo armado en particular, lo que demuestra que a pesar de la presencia de estos grupos existe una tensa calma en el departamento, en especial en la subregión del Catatumbo.
-En Antioquia se presenta una disputa entre el Clan del Golfo y el Estado Mayor Central por economías ilegales, pero no en el marco de la imposibilidad para llevar a cabo el certamen electoral. Aun así, se observa una violencia dirigida hacia alcaldes y candidatos a concejos del Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca antioqueño.
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