Bogotá — Desde que el Gobierno Nacional fijo el pasado 30 de diciembre el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que regirá para el 2025 en 5,36%, las críticas no han parado. Ahora un estudio de ANIF alerta por las consecuencias de la decisión para los pacientes.
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Lo primero que hay que señalar es que ese valor hace referencia a lo que anualmente se paga por asegurar a un ciudadano dentro del sistema de salud colombiano. Por lo que la tarifa anual de la UPC para un cotizante que hace parte del régimen contributivo será COP$1.521.489, mientras que la del régimen subsidiado se estableció en COP$1.323.403.
Estimaciones de ANIF sugerían un aumento de la UPC del régimen contributivo equivalente a 16,4%, lo que establecería el valor de aseguramiento en COP$1.680.916, Cálculos que se basaron en factores como el aumento en el uso de los servicios de salud luego de la pandemia del Covid-19, el envejecimiento poblacional, el cambio tecnológico, entre otros.
Un valor que, indican, sería suficiente para al menos garantizar la prestación de los servicios de salud en el 2025. Sin embargo, No obstante, el aumento establecido en el decreto se sitúa 11,04 puntos porcentuales por debajo de dichas proyecciones.
Con lo que, resalta el centro de investigaciones económicas, esa diferencia aumenta las presiones financieras dentro del sistema de salud, lo que tiene amplias implicaciones para los usuarios. “En primer lugar, dada la falta de recursos, los servicios y prestaciones dentro del sistema se verán fragmentados”.
Lo que implicará, por un lado, mayores tiempos de espera para poder acceder a distintas citas médicas. Asimismo, mayor demora en el acceso a especialistas, programación de cirugías y aumento en el tiempo de acceso a distintos tratamientos.
Y por el otro, la escasez de medicamentos puede continuar. Con corte a diciembre de 2024, de 195 medicamentos en estado de monitorización, 4 se encuentran en riesgos de desabastecimiento y 7 desabastecidos. Dentro de este último se encuentra la insulina, medicamento clave en el tratamiento de más de 1,8 millones de usuarios con diabetes.
Al ser medicamentos de alto costo y difícilmente reemplazables, el tratamiento de los pacientes se podría poner en pausa y deteriorar sus condiciones de salud, refiere el estudio.
Asimismo, agrega que otra consecuencia que probablemente tendrán los usuarios es un aumento en su gasto de bolsillo, explicando que este tipo de gasto hace referencia a la cantidad de dinero que un paciente paga por servicios médicos por fuera del plan de aseguramiento que le otorga el sistema de salud colombiano.
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Y que de hecho, dentro de los países de la OCDE, Colombia es uno de los que tiene menor gasto de bolsillo. Por lo que advierte que el aumento en los tiempos de espera y la escasez de medicamentos puede empujar a los usuarios a acceder a servicios complementarios de salud o consultas y exámenes de manera particular.
“Del 2022 al 2023 las primas emitidas del rubro de salud tuvieron un aumento del 16,8% mientras que para el periodo del 2023 al 2024 aumentaron en 23,3%. El comportamiento de esta variable es una proxy para entender el gasto en el que incurren los hogares para acceder a servicios de salud privados y refleja la situación que atraviesa el sistema actualmente”, puntualiza el informe.
ANIF concluye que el aumento de la UPC por debajo de lo esperado termina poniendo en juego el acceso a la salud de los colombianos y que resulta indispensable realizar ajustes que permitan garantizar un aumento en los ingresos del sistema y con esto la correcta prestación de los servicios.
