Bogotá — El Comité Autónomo de la Regla Fiscal presentó un informe técnico refiriéndose a las reformas pensional y de salud, y al manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En él, hace varios reparos a estos proyectos:
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Reforma a la salud: mayores costos
Indica el Comité que aunque el Gobierno Petro ha dicho que esta reforma implicará esfuerzos fiscales adicionales anuales de entre $4 y $7 billones, incluso si estos recursos son programados dentro de los topes de gasto compatibles con la Regla Fiscal, se identifican cinco riesgos asociados que pueden elevar el costo fiscal de la misma:
-El costo de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto
-El esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan
-Insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones
-Falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto, previamente compartido con el sector privado
-Indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima
Reforma pensional
Para el Comité es de la mayor importancia que, por razones de sostenibilidad fiscal se lleven a cabo las siguientes modificaciones: que se reduzca el umbral del pilar contributivo de Colpensiones a un salario mínimo, que se ahorre el 100% de las cotizaciones que por virtud de la reforma pasan del régimen de ahorro individual a Colpensiones que no sea posible utilizar los recursos del Fondo de Ahorro para financiar el pilar semicontributivo, más allá de lo cotizado por los beneficiarios, y que se garantice que el Fondo de Ahorro sea administrado por gestores profesionales, con incentivos adecuados para maximizar el retorno de las inversiones.
“Se estima que, sin la reforma, el valor presente neto de los flujos netos del Gobierno a Colpensiones por el pilar contributivo, a 2100, ascendería a -132,5% del PIB. Con el proyecto de ley radicado llegaría a -160,5% del PIB. De completarse las recomendaciones planteadas, ese valor se podría corregir a -151,6% del PIB”, destacan los expertos.
Asimismo, advierten que el costo fiscal neto de la reforma depende críticamente de la gestión de los recursos del Fondo de Ahorro: “una caída de 1 punto porcentual en la rentabilidad sobre los recursos acumulados en el Fondo de Ahorro representa un mayor costo de la reforma de hasta 12% del PIB y el Fondo se agotaría 9 años antes de lo previsto”.
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles
El Comité considera apropiado que el Gobierno continúe en su esfuerzo por reducir el diferencial entre el precio de referencia de la gasolina y su precio regulado porque esto permitirá la reducción del déficit del FEPC de $36 billones en 2022 a cerca de $26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose.
Adicional a eso, que los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la Nación y más que duplican la totalidad de las transferencias directas a los hogares en el país, además de ser regresivos. “Reversar o suspender la política de corrección de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura, al pago de estos subsidios”.