Bogotá — Colombia está atravesando una situación fiscal compleja que podría llevar al país a incumplir la Regla Fiscal si no se toman medidas, advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
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En 2024, el gobierno nacional enfrenta retos fiscales, presupuestales y de caja, producto de unos menores ingresos frente a lo programado.
En efecto, de acuerdo con estimaciones del CARF, los ingresos se ubicarían COP$74,1 billones (4,3% del PIB) por debajo del nivel programado en PGN 2024 (aprobado en octubre de 2023).
Según los parámetros de la estructura de la Regla Fiscal, los componentes del ciclo económico y petrolero y las transacciones de única vez, permiten que COP$18 billones (1,1% del PIB) de la caída de los ingresos no se traduzcan en un ajuste de gasto, sino en mayor déficit.
Por lo anterior, la reducción del gasto fiscal en el presupuesto que se requiere para cumplir con la meta de la Regla Fiscal para 2024 se estima en COP$56,2 billones (3,2% del PIB).
En respuesta a esta situación, el gobierno ha expresado de manera reiterada su compromiso con el cumplimiento de la Regla Fiscal. Para ello, expidió un decreto de aplazamiento, ajustó el Plan Mensualizado de Caja (PAC) y, recientemente, anunció un nuevo decreto para reducir el gasto.
En el agregado estas medidas reducirían el gasto del 2024 en COP$25 billones. Lo anterior, implica que para cumplir la Regla Fiscal se requiere un recorte adicional en el gasto de COP$31 billones.
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Las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) muestran que el déficit primario, a agosto de 2024, supera la meta consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal de 0,9% del PIB.
Esto quiere decir que entre septiembre y diciembre de 2024 el cumplimiento de la Regla Fiscal requiere superávits primarios.
Para ello, en noviembre y diciembre de 2024 el gobierno no podría gastar en promedio más de COP$15,9 billones por mes, mientras que el promedio de gasto mensual entre enero y octubre ha sido cercano a los COP$26,5 billones.
El Gobierno enfrenta inflexibilidades, algunas estructurales y ajenas a su control, que limitan la capacidad de realizar un ajuste fiscal sostenido.
El CARF estima que entre 2019 y 2023 el 83,6% del gasto fue inflexible. Algunas de las inflexibilidades más significativas se deben al gasto de intereses, las pensiones, el Sistema General de Participaciones, los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el gasto en defensa y los gastos asociados del sector salud.
La mayoría de estas rigideces se han acentuado en los últimos años debido al alto nivel de la inflación y del crecimiento del salario mínimo, factores que tienen efectos en rubros como las pensiones y los salarios.
En vista de lo anterior, el CARF percibe que han aumentado los riesgos de incumplimiento de la Regla Fiscal en 2024.
El comité está a la espera de conocer las medidas de ajuste que aseguren el cumplimiento de la Regla Fiscal, considerando que los últimos meses del año se suele presentar un menor recaudo y un aumento en el ritmo de ejecución del gasto primario.
Desde el punto de vista de caja, se observa que el saldo disponible en pesos de la Tesorería se ha mantenido por debajo del promedio histórico buena parte del año. Este reto se acentuaría en la medida en que se genere un mayor rezago presupuestal de la vigencia 2024 a ser ejecutado en 2025.
Para 2025, las proyecciones del CARF muestran que los ingresos programados por el gobierno presentan un alto grado de incertidumbre.
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Con la información disponible a hoy, el CARF estima un riesgo de menor recaudo (frente al escenario de Ley de Financiamiento) de por lo menos COP$33,3 billones (COP$22,6 billones por menor gestión de la DIAN, COP$4,2 billones por menor base de recaudo del 2024 y COP$12 billones si no se aprueba la Ley de financiamiento), lo que requeriría un ajuste de gasto del PGN 2025 de COP$39,1 billones para cumplir la Regla Fiscal.
El Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que, en caso de que no se apruebe la Ley de Financiamiento, el gobierno deberá efectuar un recorte de gasto a inicios del año por un monto equivalente al recaudo que se espera alcanzar a través de dicho proyecto de ley.
Se requerirá, además, ajustar el presupuesto de gasto a la capacidad de generar ingresos ciertos para cumplir la Regla Fiscal en 2025, reducir la incertidumbre y mantener la credibilidad de la estrategia fiscal. De lo contrario, se podría impactar negativamente las primas de riesgo, los costos de financiamiento, la tasa de cambio y el valor de la deuda.
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