Bogotá — Desde finales de 2022 el gobierno de Gustavo Petro hablaba de la necesidad de agregarle recursos al Presupuesto General de la Nación (PGN) que le dejó armado el gobierno saliente para 2023. Aunque se hablaba de $23 billones, la cifra que pide el Minhacienda ahora es de $16,9 billones que irán entre otras cosas, a cubrir nuevos gasto social.
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Pese a lo expuesto, una de las cosas que llama la atención es que se esté pidiendo agregar nuevos recursos al PGN de 2023, mientras que el país tiene la ejecución presupuestal más baja desde 2001, según datos reportados en el texto de ponencia para primer debate de la adición presupuestal que se espera logre darse esta misma semana en el Congreso.
“Al cierre de mayo de 2023, los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda revelan que las apropiaciones vigentes del PGN sumaron $405,9 billones; de las cuales se habían ejecutado, a nivel de obligaciones, 32%. Sin servicio de deuda se había ejecutado 27% de los recursos; siendo este el porcentaje más bajo de ejecución registrado desde 2001 para igual acumulado del año”, dice el documento.
En el texto también se expone que “el mayor retraso se observa en inversión, donde se obligó 21,3% del total apropiado; indicador que llegó a 28,7% en funcionamiento y a 54% en servicio de deuda (...) Frente al panorama de ejecución que nos muestran las cifras antes mencionadas, los ponentes solicitamos al Gobierno Nacional reforzar el seguimiento y los mecanismos para acelerar la ejecución presupuestal, dentro de altos estándares de eficiencia y calidad del gasto”.
Además, se expone que con la adición presupuestal de $16,9 billones propuesta por el Minhacienda, se hará “énfasis en los programas de inversión que más impacto puedan tener en lo que resta del año sobre la reactivación económica”.
Así las cosas, los $16,9 billones adicionales de gasto “se destinarán de forma prioritaria para impulsar la reactivación, con énfasis en los programas y proyectos con mayor potencial de generar efectos multiplicadores sobre la actividad económica durante el segundo semestre de 2023″, señala el documento.
Vale mencionar que según la ponencia, en caso de darse un mayor recaudo de la reforma tributaria aprobada en 2022, este haría parte del PGN de 2024. “La caída del brent, de las importaciones y de la actividad económica explican la necesidad de hacer una adición (presupuestal) prudente y orientada hacia la reactivación económica”, resalta la ponencia.
¿A dónde irán los recursos extra que entrarán al Presupuesto de 2023?
De acuerdo con el texto de la ponencia, el gasto total del PGN 2023 llega a $422,5 billones, cifra 4,2% superior al monto aprobado en octubre de 2022 ($405,6 billones). “En total se adicionan gastos por $16,9 billones: $9,1 billones en inversión; $7,3 billones en funcionamiento y $500.000 millones en servicio de la deuda”.
Entre los sectores que más recursos se llevarán en la adición presupuestal están: educación ($2,2 billones), salud ($2 billones), vivienda ($1,5 billones), transporte ($1,4 billones), minas y energía ($1,4 billones) y agro ($1,3 billones).
En educación la mitad de los recursos nuevos ($1,15 billones) irían a funcionamiento, a cubrir obligaciones pensionales, mientras que $1,05 billones irán a inversión para financiar el plan de espacios educativos, construcción o adecuación de 16 sedes de instituciones de educación superior públicas, para ampliar la cobertura en la política de gratuidad, entre otros.
En salud ($2 billones) la ponencia dice que los recursos irán para el aseguramiento por el impacto de las variables macroeconómicas en la prestación de servicios; dineros que son transferidos a la ADRES. Adicionalmente, se destinan recursos para asegurar la prestación de servicios médicos asistenciales de los afiliados de ferrocarriles y cuotas pensionales del extinto ISS.
En vivienda ($1,5 billones) la adición será para atender proyectos relacionados con los programas de vivienda “Cambia mi casa”, vivienda rural y “Mi casa ya”. Igualmente, se destinan recursos para asumir el faltantes en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
En transporte ($1,4 billones) los recursos se destinarán “para la construcción, rehabilitación ampliación, mejoramiento y mantenimiento de vías en especial caminos comunitarios de la paz total, y de la infraestructura aeroportuaria regional, al igual que la recuperación de la red férrea y mejorar las condiciones de navegabilidad del Río Magdalena”.
En minas y energía ($1,4 billones), la mayoría de recursos serán destinados a cubrir faltante en subsidios de energía para 13,7 millones de hogares y de gas para 6,7 millones de hogares correspondientes a los estratos 1, 2 y 3, para el desarrollo de proyectos de inversión de transición energética, entre otros.
En agro ($1,3 billones), los recursos serán para la atención de la reforma rural, “a través de la lucha contra el hambre, la seguridad alimentaria, la compra de tierras, la inclusión crediticia, el fomento de la producción de insumos verdes a nivel nacional, y programas que incentiven el uso de este tipo de insumos en la producción agropecuaria”, entre otros.
De otro lado, cabe mencionar que el ministro de Hacienda expuso recientemente que en la adición presupuestal propuesta no se tocará ni el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), ni Ecopetrol “porque eso es un tema totalmente aparte. Tiene ciertos recursos esperados y gastos, de tal manera que se equilibren los ingresos y gastos y no estamos haciendo ningún cruce”.
A inicios de mayo el ministro recalcó que el subsidio a los combustibles representaba un riesgo para cumplir la regla fiscal, lo cual en sus palabras, se debe a la herencia que le dejó el gobierno de Iván Duque. “El gobierno heredó un déficit de $36 billones del gobierno anterior en materia de combustibles y eso significa que Ecopetrol no tiene excedentes y entonces no puede financiar al país y que estamos usando gasto social para pagar combustibles”.
