Bogota — La Superintendencia Financiera de Colombia –SFC– ordenó a la sociedad Luxury House Grupo Inmobiliario y Constructor S.A.S. –LUH S.A.S.– y al señor Joel Alirio Pedroza Guevara, suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público.
La Superintendencia evidenció que dicha sociedad celebró con sus clientes contratos de inversión de capital por medio de los cuales recibió recursos de terceras personas para desarrollar supuestas actividades de construcción, comprometiéndose a devolver en un periodo pactado dichos recursos con una tasa de interés fija adicional que oscila entre el 3,5% y el 4,7% mensual durante el tiempo de duración del contrato.
Adicionalmente, Luxury House realizó supuestos contratos de mutuo, anticresis y préstamos garantizados con letras de cambio y/o pagarés, a través de los cuales la mencionada sociedad recibió dinero de terceros para financiar el desarrollo de las operaciones propias de la sociedad.
Por otra parte, Pedroza García suscribió a título personal presuntos contratos de mutuo con terceras personas con quienes se obligó a reconocer rentabilidades que oscilaban entre el 2,8% y 4% mensual, además de comprometerse a devolver el capital entregado en un término de seis o 12 meses.
Así, la sociedad Luxury House mediante la suscripción de contratos denominados mutuo, anticresis, inversión de capital y transacciones contrajo obligaciones con por lo menos 22 personas por un valor de $589.000.000.
Por su parte, el señor Joel Alirio Pedroza Guevara tiene obligaciones con por lo menos 31 personas mediante la suscripción de contratos de mutuo por un valor de $841.000.000.
La medida, adoptada mediante la Resolución 1354 del 5 de septiembre de 2023, ordena también la devolución inmediata de los recursos captados de manera irregular y abstenerse de realizar operaciones de ese tipo utilizando cualquier modalidad, ya sea de manera directa o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La SFC remitió copia de la medida adoptada a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención, así como a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se realice las investigaciones en materia penal con el propósito de generar mecanismos de prevención en la ciudadanía frente a estos esquemas defraudatorios.
