Bogotá — En este momento el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) está trabajando con las autoridades de Colombia para mitigar las consecuencias que podría tener un desastre natural o un evento catastrófico de salud pública como podría ser una pandemia.
Hay que precisar que este es un programa contingente de este organismo que nada tiene que ver con la situación actual del sistema de salud en Colombia, con la liquidación voluntaria de algunas EPS ni con las intervenciones que a decidido la Superintendencia de Salud.
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En entrevista con Bloomberg Línea, Ramiro-López Ghio, representante del Grupo BID en Colombia, indicó que “de cara a la alta vulnerabilidad de Colombia frente a desastres naturales, el Banco está trabajando con el país para disponer de un programa contingente de US$400 millones, mediante el cual se pueda amortiguar el impacto que un desastre natural o un evento de salud pública de magnitud severa o catastrófica podría tener sobre las finanzas públicas”.
En ese sentido, expresó que el Grupo también está comprometido con acompañar al país a afrontar los efectos del cambio climático, incluyendo el fenómeno actual de El Niño. Y es que un estudio de 2024 de este organismo estableció que las desviaciones de crecimiento del PIB Nacional por el impacto negativo de este Fenómeno podrían oscilar entre 0,5 y 0,9 puntos porcentuales.
Para el bienio 2023-2024, el BID proyecta una financiación para el sector público de más de US$2.000 millones en programas de equidad de género, desarrollo productivo, educación, salud, transporte, energía, entre otros.
En la operación enfocada en el sector de la salud se busca incrementar los servicios de atención primaria y trazadoras prestadas en un 5% anual para llegar a 329 millones de atenciones en el tercer año del proyecto. También, se planea apoyar al Ministerio de Salud en la implementación del mecanismo de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica en por lo menos 20 entidades territoriales en el país.
A su vez, el programa aumentará el aseguramiento efectivo en salud de la población migrante venezolana, cerrando en un 50% la brecha actual en el régimen subsidiado.
“En el área de energía, esta programación contempla la financiación de proyectos de transición energética justa a lo largo y ancho del país, incluyendo la generación de energía con fuentes renovables no convencionales, electromovilidad, hidrógeno verde, almacenamiento, redes de transmisión y distribución, así como proyectos de acceso a energía y comunidades energéticas”, manifestó López-Ghio.
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También mencionó que en el sector educación, por ejemplo, se implementará este año una iniciativa que busca aumentar el número de estudiantes que completan educación superior. Se estima que se beneficiarán más de 22.700 estudiantes de grado 11 y egresados de bachillerato que participen en el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (TIES).
Asimismo, se espera que cerca de 100 Instituciones de Educación Superior (IES), tanto privadas como públicas, reciban asistencia técnica, y 57 IES públicas tengan financiamiento para implementar planes de permanencia de sus estudiantes.
Financiación para el sector privado
El representante del BID en Colombia indicó que este organismo está comprometido en lograr grandes avances de desarrollo en el país junto con el sector privado a través de BID Invest y BID Lab.
“El promedio anual de la financiación de BID Invest en Colombia es del orden de US$480 millones anuales desde 2019. Vale la pena destacar que por US$1 aportado por BID Invest a Colombia, el país ha recibido US$94 en financiamiento para el sector privado”.
En esa línea, expresó que en los últimos años se ha acompañado la transformación energética y el desarrollo de la infraestructura, contribuyendo a la competitividad del país y a mejorar sus condiciones de integración regional. Por ejemplo, BID Invest brindó financiación a Solarpark para la implementación de proyectos de generación solar, aportando al desarrollo del mercado de energías renovables.
Asimismo, en 2024, BID Invest suministró financiación para la construcción de una carretera que mejorará la conectividad de casi un millón de residentes en 16 municipios de los departamentos de Huila, Cauca y Putumayo, incluyendo 11 comunidades indígenas, 2 comunidades campesinas y 1 comunidad afrocolombiana. Este proyecto permitirá mejoras en 456 kilómetros de rutas secundarias y 76 kilómetros de nuevas vías, optimizando además la conexión con Ecuador.
“A través de BID Invest, en 2024, se está marcando un hito en la mejora de la competitividad comercial y conectividad con el Caribe con el financiamiento para las concesiones de las carreteras 5G: Autopista Magdalena Medio (Troncal del Magdalena 1) y Autopista del Río Grande (Troncal del Magdalena 2). Ambas carreteras abarcarán una distancia total de 532 kilómetros y tienen el potencial de generar hasta 100.000 empleos directos e indirectos durante su fase de construcción”, manifestó el ejecutivo.
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Por su parte, BID Lab estima operaciones por cerca de US$5,5 millones, los cuales tendrán especial énfasis en la Amazonía, la transición energética, el emprendimiento femenino en el Pacífico colombiano, la aceleración del ecosistema de inversión de impacto y la inclusión financiera.
Por ejemplo, esperamos financiar a más de 110.000 microempresarios y agricultores en el periodo 2024-2026, para que puedan lograr un mayor crecimiento de sus negocios. Adicionalmente, se trabaja para aportar a la conservación de aproximadamente 2.000 hectáreas, así como al incremento del material vegetal para proyectos de restauración.
La interlocución con Petro
Al preguntarle por la relación el Gobierno Petro, López-Ghio sostuvo que la misión del Grupo BID es mejorar las vidas de las personas en los países de América Latina y el Caribe, y que por esa razón trabajan de manera cercana con los gobiernos de los países de la región, incluyendo a Colombia, para acompañar el desarrollo económico y social.
“En el trabajo conjunto con el Gobierno de Colombia prima el diálogo estratégico y contribuimos a los esfuerzos del Gobierno para impulsar el desarrollo e inclusivo del país. Adicionalmente, se busca una articulación con el sector privado y otras organizaciones multilaterales, para acompañar al Gobierno con sus prioridades de desarrollo”, sostuvo.
En esa línea explicó que un aspecto clave del trabajo del Grupo es que pone a disposición la experticia y conocimientos de su equipo técnico, para que el sector público nacional conozca buenas prácticas que contribuyan en su proceso de toma de decisiones.
“Al final lo que buscamos es generar impacto a través de resultados en la reducción de la pobreza, mejoras de la salud y la educación, emisiones de CO2 evitadas y el aumento del número de mujeres y grupos diversos en la fuerza laboral y en cargos de liderazgo”, complementó.