Bogotá — La lucha en Colombia contra el crédito informal e ilegal, conocido como gota-gota que muchas veces está ligado a grupos delincuenciales, deja hasta el momento un saldo positivo para el Gobierno de Gustavo Petro.
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En el 2023 se expidió un decreto para promover la inclusión crediticia, especialmente para las personas que conforman los grupos de economía popular y comunitaria, así como las micro, pequeñas y medianas empresas – mipymes.
A partir de la entrada en vigor de dicho decreto, 24 establecimientos de crédito han desembolsado bajo las modalidades de crédito productivo $8,9 billones en 1.148.302 operaciones, de los cuales, el 80,8% corresponde a desembolsos realizados por entidades especializadas en la financiación de microempresas, las cuales tienen definido dentro de su mercado objetivo la colocación de recursos de crédito a personas naturales con actividades productivas y con un mayor nivel de informalidad.
¿A quiénes van dirigidos esos créditos?
Los desembolsos bajo estas nuevas modalidades han sido dirigidos en su mayoría a personas naturales con actividad productiva con tamaños de actividad económica de microempresas.
Se destaca una significativa participación de las mujeres, con el 48,4% del total de desembolsos. Esta proporción supera la registrada en otras modalidades de crédito, como el crédito de consumo, que alcanza el 43.1%.
A nivel de ubicación geográfica, el 69,9% de los créditos desembolsados se concentra en zonas urbanas (COP$6,2 billones) y el 30,1% restante en zonas rurales ($2,6 billones), distribuidos en las regionales Centro Oriente y Pacífico con una participación en el total desembolsado de 52,9%.
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La mayor concentración de los desembolsos al corte de diciembre de 2023 en la zona urbana se ubica en ciudades como Bogotá con un total de COP$799.000 millones, seguido por Cali con COP$312.000 millones, Medellín con COP$250.000 millones y Pasto con COP$155.000 millones.
En la zona rural los municipios con el mayor monto desembolsado son: Cumbal con COP$27.600 millones y San Vicente Del Caguán con COP$27.200 millones, El Tambo con COP$25.700 millones y Bolívar con COP$22.800 millones.
Los Departamentos de Chocó (cobertura del 94% de los municipios de este departamento) Amazonas (45%), Guainía (38%) y Vaupés (17%), son las únicas zonas que no cuentan con desembolsos en el 100% de sus municipios.
¿Cómo se comporta el saldo de cartera?
Las cifras de la Superintendencia Financiera permiten evidenciar una tendencia creciente y sostenida del saldo de cartera colocada por el sistema financiero bajo las modalidades de crédito productivo, llegando a COP$8,13 billones.
Conforme a la tendencia de los desembolsos, la mayor participación se concentra en el crédito productivo urbano y el productivo de mayor monto.
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En general, todas las modalidades de crédito productivo registran tendencia creciente, evidenciándose en el caso del crédito popular rural una tendencia estable en el saldo y una menor participación frente al total de cartera colocada a través de estas modalidades.
En la misma línea, el número de deudores con acceso a estas modalidades de crédito ha aumentado notablemente, alcanzando al corte de diciembre de 2023 un total de 1.057.563 personas.
Se destaca una mayor colocación en clientes de las modalidades popular urbano (521.193 deudores) y productivo urbano (209.550 deudores).
El crédito productivo se focaliza en el sector agropecuario con un porcentaje del 48,55%, particularmente en explotaciones mixtas (agrícolas y pecuarias).
Seguido de Comercio, transporte, hoteles y comida con un 32,92%. De lo anterior, se puede concluir que gran parte de la demanda de Créditos Productivos, se ha realizado por clientes que hacen parte de sectores productivos agropecuario y de comercio.
En cuanto al nivel de morosidad, se evidencia un indicador de calidad por vencimiento (ICV) de 2,3%, nivel que es consistente con el ICV que registra la cartera de microcrédito a una altura de vida media de 4 a 6 meses.
Las diferentes modalidades de crédito productivo registran una marcada diferencia de sus ICV, lo que refleja la diferenciación del perfil de riesgo de los clientes que las conforman.
Así, por ejemplo, las modalidades con el mayor indicador de cartera vencida son las modalidades populares urbano y rural con ICV del 4,06% y 2,96%, respectivamente.
