Bloomberg Línea — Si bien las organizaciones filantrópicas pueden enfrentarse a retos en el ámbito normativo y legislativo que podrían afectar los recursos disponibles, sus inversiones no se han visto impactadas y en el caso de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) se realizaron inyecciones de capital por más de US$260 millones en 2023, dijo en entrevista con Bloomberg Línea la directora ejecutiva de esa entidad, Aura Lucía Lloreda.
“Las fundaciones familiares y empresariales de Colombia son actores clave en los esfuerzos del país hacia la prosperidad compartida. Para la AFE, este concepto abarca la necesidad de que la generación de riqueza en la sociedad impulse esfuerzos concretos y multidimensionales para enfrentar la desigualdad e inequidad”, respondió la ejecutiva a este medio.
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En total, las fundaciones pertenecientes a la AFE desarrollaron más de 800 proyectos durante 2023, los cuales abarcan los 32 departamentos del país. Estas iniciativas impactaron a 6,4 millones de personas de manera directa y 11,5 millones de forma indirecta.
La AFE, fundada en 2008, está integrada por 87 fundaciones que trabajan desde distintos escenarios, con entidades públicas a nivel nacional y local, las comunidades y actores de cooperación internacional.
En su portafolio, están varios de los más poderosos grupos empresariales a través de sus fundaciones como los Santo Domingo, Bancolombia, Postobón, Nutresa, Bavaria, Alpina, Éxito, Colombina, Corona, Carvajal, Argos, Luker, Terpel, entre otros.
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Lloreda expresó que tras el estallido social de 2021 contra una fallida reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque (2018-2022), las organizaciones filantrópicas buscaron “escuchar e identificar lo que los jóvenes estaban pidiendo en su momento”, tanto en los territorios como con las comunidades.
“Esto no era precisamente dinero o ayudas materiales, ellos estaban buscando oportunidades. A raíz de esto, las fundaciones empezaron a desarrollar más programas orientados a la generación de ingresos, educación financiera y generación de capacidades para la empleabilidad o el emprendimiento, entre otros”, indicó.
En Colombia, este tipo de organizaciones filantrópicas trabajan en diversos ejes temáticos como el acceso a una educación de calidad, seguridad ante el cambio climático, acceso a servicios de salud de calidad, y el fortalecimiento de la participación política, entre otros.
Se estima que Latinoamérica y el Caribe obtuvo unos US$400 millones provenientes de la filantropía privada en el período comprendido entre 2018-2020 o un 9% del total global.
Estos recursos se destinaron principalmente al gobierno y la sociedad civil, salud y población y protección del medioambiente, de acuerdo a un reporte del 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El reporte, titulado Private philanthropy for sustainable development, 2018-20, muestra que la mayoría de estos recursos se destinaron a Brasil (US$64 millones), seguido por México (US$52 millones), Colombia (US$43 millones), El Salvador (US$27 millones), Perú (US$20 millones) y (US$13 millones). Según la OCDE, dos tercios de la filantropía privada para el desarrollo sostenible en el mundo en 2018-20 se dirigieron a África.
Estas organizaciones han trabajado por décadas en los territorios de manera articulada con las poblaciones atendidas, los gobiernos, las empresas y la cooperación internacional, aportando a la superación de grandes retos sociales que enfrentan las comunidades vulnerables que en ellos se encuentran.
Directora ejecutiva de AFE, Aura Lucía Lloreda.
“Colombia tiene una particularidad frente a los sectores fundacionales de otros países de la región, y es precisamente el tipo de intervención que tienen. Por ejemplo, en la AFE, el 79% de nuestras fundaciones son de primer piso, es decir, son organizaciones que trabajan y ejecutan sus propios proyectos en el territorio, trabajan con las comunidades”, expresó Aura Lucía Lloreda.
Al respecto, señaló que en el mundo es común que las organizaciones de este origen (empresariales o familiares) destinen donaciones para la ejecución de proyectos, pero no los operan ellos directamente (fundaciones de segundo piso).
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La distribución de los recursos de la filantropía en Colombia
Las organizaciones que hacen parte de la AFE se pueden agrupar de acuerdo con su origen. Las de corte empresarial, cuyos ingresos provienen de una empresa o grupo corporativo, son las de mayor participación (65% de los asociados) en la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales.
Les siguen en la lista las familiares, las cuales son fundaciones creadas por una familia y con fondos que provienen de ella (25% de los asociados) e independientes, que son aquellas que tienen su propia fuente de ingresos establecida (10%).
Al desagregar la inversión de acuerdo con estos tres tipos, las fundaciones empresariales invirtieron COP$444.129 millones (o unos US$106,6 millones), las familiares COP$602.746 millones (US$144,7 millones) y las independientes COP$71.861 millones (US$17,2 millones).
El 30,8% de los recursos de cooperación privada de estas organizaciones fueron invertidos en programas relacionados con educación en áreas de trabajo como acceso, calidad, infraestructura, becas, convivencia escolar, fortalecimiento de capacidades institucionales, procesos de aprendizaje y tecnología e innovación. Al rubro de educación, le siguen proyectos de salud (25,4 %) y generación de ingresos (12,8 %).
En cuanto a la distribución territorial de los proyectos, la mayoría tiene presencia en la región Pacífico (264). Frente a esta región, gran parte de los proyectos se concentraron en el Valle del Cauca, atendiendo a 1.189.919 personas. Este impacto fue producto de la inversión de COP$97.000 millones en el departamento, es decir, unos US$23,2 millones.
Le sigue la inversión en el Caribe (225), que por medio de una inversión de COP$62.000 millones (unos US$14,8 millones) benefició a 482.639 personas. “Ambas regiones a su vez presentan los mayores índices de pobreza multidimensional que calcula el DANE”, justificó Lloreda.
Para Lloreda, una de las conclusiones es que “en Colombia es posible construir un entorno que potencie y proteja esta capacidad de construir territorios donde la prosperidad se comparta entre todos sus habitantes en conjunto con las comunidades, las empresas y el sector público”.
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