Bloomberg — El cambio constitucional más significativo en tres décadas en Colombia se realizará de una manera favorable para los inversionistas y sin disparar el déficit fiscal o la deuda, según dos asesores clave detrás del plan.
La reforma aumentaría drásticamente las transferencias del gobierno central a las autoridades regionales. Sin embargo, los asesores del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, argumentaron que esto deberá ser fiscalmente neutral ya que el gobierno nacional se reducirá a medida que las ciudades y departamentos asuman más responsabilidades en cuanto al gasto.
De aprobarse la ley en su forma actual, las transferencias del gobierno central aumentarían más de la mitad, hasta el 39,5% de sus ingresos para 2040. La preocupación de que esto sea insostenible ha contribuido a una venta masiva en bonos soberanos y en peso colombiano en los últimos días, ya que los inversionistas temen que el déficit pueda aumentar aún más, dado que la administración ya tiene dificultades para cumplir sus metas fiscales.
Estas inquietudes son infundadas, afirmaron el viernes los asesores de Cristo, Daniel Castellanos y Carlos Prada, durante una entrevista en la oficina de Bloomberg en Bogotá.
“A mí personalmente me duele profundamente que ataquen este proyecto diciendo que esto atenta contra la sostenibilidad fiscal”, dijo Castellanos, un exdirectivo de la asociación bancaria de Colombia. “Este proyecto puede tener muchas cosas malas, pero esa no”.
El verdadero objetivo de este cambio es reformar la estructura gubernamental altamente centralizada de Colombia, explicó Castellanos. Sería la enmienda más importante desde que se aprobó la Constitución del país en 1991, agregó.
Se espera que el proyecto de ley sea aprobado antes de fin de año, ya que ahora solo necesita pasar por la cámara baja, donde el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene mayoría. Si eso sucede, el Congreso tendría entonces dos años para discutir otro proyecto de ley de competencias, en donde se detallarán las nuevas responsabilidades para las autoridades regionales.
Castellanos y Prada señalaron que los gobiernos regionales podrían desempeñar un papel más importante en el mantenimiento de las carreteras regionales, el suministro de agua potable y la asistencia a las víctimas de conflictos.
“El país va a cambiar la forma en la cual se organiza el Estado”, indicó Prada, exfuncionario del Departamento de Planeación de Colombia y de su agencia de estadísticas. “Lo que estamos proponiendo es que el gobierno central se achique y que crezcan las regiones”, añadió.
Calificación crediticia
Castellanos dijo que el Gobierno no ha logrado comunicar eficazmente los beneficios del proyecto de ley, incluso a inversionistas sensibles a las perspectivas fiscales.
“Si se empeora la calificación de deuda de Colombia y si todo el mundo ve una crisis fiscal, pues que la vean, pero que la vean por las razones correctas”, sostuvo. “Esto no está contribuyendo a esa crisis”.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pidió a los legisladores disminuir los costos del proyecto de ley y extender su implementación por un período más largo.
El cambio constitucional no requiere la aprobación de Bonilla. Sin embargo, el Congreso también deberá aprobar una ley complementaria que establezca qué responsabilidades asumirían los gobiernos regionales, y el ministerio podría vetarla si considera que es fiscalmente insostenible.
