Bogotá — La aprobación del presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a caer en mayo en Colombia y los resultados se conocen en medio de una nueva crisis en el Gobierno por las presuntas interceptaciones ilegales a la niñera de la jefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia Torres.
La gestión del presidente Gustavo Petro ahora es aprobada por el 33,8% de los colombianos consultados por Invamer, en tanto que un 59,4% la desaprueba.
La aprobación de Petro en Colombia cayó 16,2 puntos porcentuales frente a la encuesta de noviembre.
El margen de error de la encuesta es de +/- 2,83% y se tienen unos límites de confianza de un 95%. La muestra la componen 1.200 encuestas que se realizaron entre el 26 y 29 de mayo de 2023.
La desaprobación del Gobierno de Gustavo Petro se concentra en la zona cafetera (65,8%), seguida por la zona centro oriental (64,2%), Bogotá (59,2%), la suroccidental (55,2%) y norte Caribe (51,9%).
Asimismo, se concentra en los estratos socioeconómicos más altos del país, puesto que su desaprobación en los 4, 5 y 6 es del 65,5%.
Entre tanto, en los estratos 1 y 2 es del 58,2% y en el 3 de 61,3%.
Los colombianos también respondieron a la pregunta de si estaban de acuerdo o en desacuerdo con que el presidente Gustavo Petro se comunique por Twitter.
El 54,9% se mostró en desacuerdo y 38,4% estuvo de acuerdo, mientras que 6,7% no sabe o no responde.
El año pasado, un texto de los economistas de JPMorgan BenRamsey y Gisela Brant señaló que los tuits del presidente Gustavo Petro “han agregado una volatilidad significativa a los mercados colombianos”.
“La desafiante situación macroeconómica de Colombia la deja vulnerable a las preocupaciones de errores de política, especialmente en un momento de crecientes riesgos globales y los grandes requerimientos de financiamiento externo de Colombia. Creemos que esto justifica volver a entrar en algunas posiciones bajistas”, dijeron en su momento los expertos.
En la encuesta de Invamer un 60,9% dijo que no está de acuerdo con las reformas anunciadas por el Gobierno Petro y 66% considera que no ha sentido el cambio que prometió Gustavo Petro en Colombia.
De otra parte, el 59,9% de los consultados desaprueba la gestión de la vicepresidenta del país, Francia Márquez, y un 27,9% la aprueba.
¿Colombia va por buen camino?
Un 70,7% de las personas cuestionadas considera que el país va por mal camino y un 23,6% considera que va por la dirección correcta.
El 31,6% cree que el principal problema que enfrenta Colombia en la actualidad es la economía, principalmente factores como el desempleo y el costo de vida.
El 17,6% cree que es la inseguridad, el 15,5% la corrupción y el 12,6% el Gobierno o el presidente. El 19% nombró otros factores.
El 45,7% es negativo frente al futuro de Colombia y el 17% muy negativo.
Nuevo remezón en el Gobierno
Luego del remezón de abril por la salida de siete ministros en Colombia, incluyendo al jefe de la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, el Gobierno de Gustavo Petro afronta un nuevo traspié por un caso que envuelve a la jefa de Gabinete de la Presidencia.
La Fiscalía confirmó el jueves que detectó la interceptación ilegal de comunicaciones a dos extrabajadoras de la jefe de Laura Sarabia Torres.
“El procedimiento habría sido realizado por integrantes de la Policía Nacional para establecer la posible responsabilidad de las mujeres en la pérdida de un dinero en la vivienda de la funcionaria”, indicó la entidad.
La Fiscalía indicó que el pasado 30 de enero, un día después de que Sarabia Torres y su esposo informaron sobre la pérdida de US$4.000, “integrantes de la DIJIN de la Policía Nacional elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete con el supuesto de que sería la cocinera de alias Siopas, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango”.
Además de “la persona que ayudaba en las labores domésticas porque estaría vinculada al componente logístico de alias Omar, segundo cabecilla de la citado grupo armado”.
Según la Fiscalía, con este documento, “los uniformados indujeron en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Chocó, que obtuvo ante un juez de control de garantías autorización para interceptar las comunicaciones de las dos mujeres que no tenían nada que ver con lo que estaba plasmado en el informe de policía judicial”.
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