Bogotá — Las empresas colombianas de domicilios, alcanzaron un acuerdo preliminar que garantiza el pago de la seguridad social a 120.000 trabajadores, en un momento en que el gobierno del presidente Gustavo Petro trata de reforzar los derechos de los trabajadores.
Según el acuerdo entre el Gobierno colombiano y AlianzaIn, que representa a Rappi, Didi y otras empresas, las empresas de reparto, entre ellas Rappi., podrían pagar el 60% de las cotizaciones a la seguridad social de sus trabajadores, aunque sigan siendo contratistas independientes, dijo el director del grupo, José Daniel López.
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En la actualidad, los mensajeros de reparto no reciben estos beneficios.
Para Rappi, una aplicación de reparto respaldada por SoftBank Group Corp, estos costes podrían ascender a más de $6.000 millones (US$1,4 millones) al año, según estimaciones de Americas Markets Intelligence.
El acuerdo se enmarca en la relanzada reforma laboral de Petro, que forma parte de su intento de revisar el modelo económico del país impulsando los derechos de los trabajadores y aumentando el papel del Estado en la atención sanitaria y la provisión de pensiones.
Aunque un proyecto de ley anterior fue archivado a principios de este año debido a la fractura de la coalición gubernamental, el gobierno de Petro envió un proyecto actualizado al Congreso a principios de este mes.
Este impondría importantes restricciones a los contratos temporales, establecería una jornada laboral máxima de 8 horas y dificultaría el despido de trabajadores.
Las comisiones de trabajo del Senado y la Cámara deben votar la propuesta antes de que sea discutida por el pleno del Congreso. Organizaciones empresariales como la ANDI y Fenalco han advertido que leyes laborales más restrictivas aumentarán los niveles de desempleo e informalidad.
Rappi es una de las startups más valiosas de América Latina, y el proveedor de datos PitchBook estimó el año pasado su valor en 5.360 millones de dólares. Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Tiger Global Management son algunos de sus inversores.
Un representante de prensa de Rappi declinó hacer comentarios.
La nueva política se produce en un momento en que las apps se enfrentan a la presión de los inversores para recortar gastos y generar beneficios, dijo el analista de Americas Markets Intelligence Diego Rodríguez.
“Es muy probable que los gastos derivados de esta normativa acaben recayendo sobre los vendedores y los consumidores”, dijo Rodríguez.