Bogotá — En alerta están las empresas mineras que operan en Colombia por cuenta de una serie de normas que viene expidiendo el Gobierno de Gustavo Petro y que, lentamente, reduciendo a cero la capacidad de operación minera en el país.
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Las normas, respaldadas por el Plan Nacional de Desarrollo, apuntan hacia la prohibición de la actividad minera. El artículo 32 del PND dispuso normas de ordenamiento territorial que afectan al sector.
Hernán Rodríguez, socio de la firma Dentons Cárdenas & Cárdenas sostiene que dado que los planes de desarrollo deben plantear normas de naturaleza temporal y el aprobado en 2023 plantea reglas permanentes “es un artículo inconstitucional y es un artículo que ya está demandado y que lo van a demandar más, no sé si va a sobrevivir”.
Advierte que las normas que han expedido los ministerios de Ambiente y Agricultura amparados en dicho artículo del plan de desarrollo “generan muchísima incertidumbre en el sector”.
Si bien los mayores afectados por ahora son los empresarios del sector minero, Rodríguez asegura que “son normas generales que van a afectar a todos los sectores”.
En concreto los mineros rechazan las normas que creó este Gobierno para la definición de Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).
La afectación al sector productivo radica en que les restringe el uso del suelo para sus actividades comerciales e industriales. Por medio de este instrumento el Ministerio de Agricultura tiene la potestad de decidir el uso de los suelos en los territorios de Colombia, desconociendo la caracterización de los mismos y las actividades productivas históricas de cada región.
Explica Rodríguez que esas resoluciones junto con el Decreto 044 de 2024 “se usa como instrumento para prohibir la minería de una manera completa”, y aclara que el inconveniente no es definir zonas para la protección ambiental o para garantizar la producción de alimentos, sino “cómo se han expedido, se han saltado todos los procedimientos y se han aprovechado para imponer restricciones adicionales, por ejemplo, a la minería en Colombia”.
Las normas ya han sido demandadas ante el Consejo de Estado, sin embargo, Rodríguez advierte que en el tribunal el proceso puede tardar mucho tiempo en ser resuelto, por ello se espera que a más tardar en marzo el tribunal otorgue medidas cautelares que suspendan los efectos de dichas normas en tanto que se toma una decisión de fondo.
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En Santander ya se definieron algunas de estas zonas, pero el suroeste antioqueño estaría en la mira de las autoridades, según Rodríguez. “En La Guajira ya se definió una de esas APPA y ahí hay una discusión gigante y es que específicamente prohíbe la minería, lo cual es abiertamente ilegal porque lo hace sin ningún rigor científico ni técnico”, explicó Rodríguez.
Otra de las críticas a las normas expedidas es que les quita autonomía a los gobiernos locales porque “impone a las entidades territoriales que cuando vayan a establecer el uso del suelo tienen que prohibir la minería”.
El escenario para el sector minero se complica más si el Congreso decidiera aprobar la Ley de Jurisdicción Agraria que pretende el Gobierno de Gustavo Petro. “si usted se da cuenta, todo esto está conectado”, dice Rodríguez, quien también sostiene que “si se aprueba una ley de jurisdicción agraria que tiene todos los jueces especiales, que tiene unas facultades enormes, y que al final del día son los que tendrían que decidir sobre toda la implementación de estas normas, ahí cierre el círculo y verá”.
Entre las complejidades que resalta Rodríguez está el hecho de que las normas están entregando a las comunidades indígenas facultades de autoridad ambiental, lo cual advierte se puede convertir en un inconveniente mayor.
“Más allá de tener que hacer consulta previa o lo que sea, el indígena se vuelve autoridad y es una autoridad que puede tomar decisiones ambientales frente a su proyecto minero. Genera mucha incertidumbre porque ahí los indígenas vendrían a ser juez y parte”, explicó el abogado.
Las normas en cuestión, dice Rodríguez, han comenzado a aplazar decisiones de inversión, e incluso, la entrada de nuevos jugadores al mercado colombiano. “Hay empresas de oro y cobre gigantes que iban a entrar al país, estuvieron analizando la situación y decidieron no entrar, o por lo menos aplazar la entrada”.
Además de las dificultades que suponen las normas, Rodríguez critica al Gobierno Petro lo “difícil que ha sido la comunicación, en especial con el Ministerio de Ambiente. Y no solo para el sector minero, es una queja generalizada”.
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Finalmente, reconoce que si las medidas del Gobierno terminan por afectar las inversiones ya hechas por algunas empresas podría haber lugar a reclamaciones ante el CIADI del Banco Mundial.
“Para ello se deben cumplir ciertas condiciones, entre esas que exista un acuerdo entre el país de origen de la inversión y Colombia, pero sin duda que podría haber espacio para reclamaciones en un arbitraje internacional”, concluyó Rodríguez.
