Bogotá — En el Congreso de la República empezarán a discutirse próximamente dos proyectos de ley que buscan crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital. Uno radicado por el Gobierno Nacional, en cabeza del MinTIC, y el otro en cabeza del senador de Cambio Radical, David Luna.
Recordemos que la iniciativa del Ejecutivo llegó al legislativo luego de que no pudo salir adelante mediante el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que no logró ser aprobado.
¿Qué proyecto tendrá éxito y en qué se diferencian?
Lo primero es señalar que el objetivo del Gobierno es consolidar en una misma entidad dos ramas: la seguridad digital y los asuntos espaciales. Lo que difiere de la iniciativa del congresista Luna.
El Gobierno argumenta que Colombia no cuenta con un marco regulatorio que establezca las condiciones básicas para el desarrollo del sector espacial perdiendo la oportunidad de desarrollar capacidades propias que contribuyan a la autonomía tecnológica que propenda por incrementar la productividad del país, así como resolver aspectos como, gestión de riesgos, acción climática, deforestación y comunicaciones en zonas apartadas.
“El país necesita tener una institucionalidad fuerte en temas de seguridad digital y asuntos espaciales. no solo para ponernos a la par de las tendencias mundiales, sino para resolver nuestros propios desafíos, crecer económica y socialmente, y garantizarles los derechos a nuestros ciudadanos”, ha expresado al respecto Saúl Kattan, consejero de Transformación Digital.
Mientras que el proyecto del senador de Cambio Radical, que ya tiene ponencia, se concentra netamente en seguridad digital, contemplando temas como la ciberdefensa, la ciberseguridad, el ciberespacios, ciberataques, delitos cibernéticos, protección de datos personales e infraestructuras críticas.
Adicional a eso, el proyecto de ley radicado por el Gobierno Petro pretende que esta entidad sea descentralizada, que haga parte de la Rama Ejecutiva y que esté adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
No obstante, aunque el proyecto de Ley de que llegó a la corporación por parte del congresista Luna busca que la Agencia sea parte de la Rama Ejecutiva y tenga personería jurídica, se busca que tenga autonomía administrativa y que sea adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
“La Agencia será responsable de plantear las estrategias y políticas públicas en materia de seguridad digital y ciberdefensa, en coordinación con entidades del Estado y empresas privadas. También coordinará las acciones del Comando Conjunto Cibernético, el ColCERT y el Centro Cibernético Policial para investigar y mitigar los efectos de los ciberataques. Colombia necesita pasar de una política reactiva a una política preventiva en este ámbito”, manifestó David Luna.
A lo que agregó que en caso de un ciberataque, la Agencia será responsable de dar a conocer los hechos a la opinión pública, rindiendo cuentas sobre la situación.
Ambas estrategias difieren, además, en cómo sería la conformación del consejo directivo de la entidad. Por un lado, la del Gobierno plantea que esté conformado por: presidente de la República, ministro de Defensa o su delegado, ministro de TIC o su delegado, ministro de Ciencia y Tecnología y director de Planeación Nacional o su delegado.
Y por el otro, se propone que esté conformado, además de los ministros de TIC, Ciencia y Defensa o sus delegados, que también hagan presencia el director de la Policía Nacional, el fiscal general, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia y representantes del CSIRT (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática).
Otra de las diferencias está relacionada con el régimen jurídico que tendría la entidad. En el proyecto de ley del Gobierno Petro se contempla que los actos unilaterales que realice la Agencia para el desarrollo de sus actividades, son actos administrativos y estarán sujetos a las disposiciones del derecho público.
Por lo que los contratos se celebren se regirán, por regla general, por las normas de contratación pública. Excepcionalmente, respecto de los contratos que se tengan que realizar para el desarrollo del objeto misional de la Agencia, dicha contratación se regirá por el derecho privado, aplicando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal.
Mientras que la propuesta de Luna pretende que los actos unilaterales que expida la Agencia se sujeten a la disposiciones del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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