Bogotá — El proyecto de reforma pensional genera muchas críticas entre los académicos, por eso, tres reconocidos economistas de la Universidad de Los Andes entregaron un documento en el que plantean tres cambios importantes al proyecto entregado por el Gobierno para hacerlo fiscalmente viable.
A comienzos de este año el Gobierno Nacional presentó el proyecto de ley que llamó “Cambio por la Vejez” que busca modificar el sistema general de pensiones (SGP) y ampliar la cobertura de las políticas públicas de protección económica a la vejez. Sin embargo, al proyecto se le critica su impacto en el mercado de capitales, la desventaja en la que deja a las AFP y el impacto fiscal que tendrá en unos años.
Una parte de la comunidad académica, representada en los autores, Oscar Becerra, Daniel Mantilla y Marc Hofstetter, los 3 Ph.D en economía, reconocen que Colombia requiere una reforma a su sistema de pensiones, porque, a su juicio, el actual es “excluyente, regresivo e ineficiente”.
Las cuentas de la reforma
Para los 3 economistas de Los Andes, la reforma incrementa los gastos en protección a la vejez de manera importante a partir de 2025, año que entraría en vigor.
Los cálculos incluyen las transferencias destinadas a cubrir los déficits de Colpensiones, del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y del componente solidario, e incluye el fondo de ahorro del pilar contributivo – FIPC, propuesto en la reforma.
Mientras el fondo de ahorro que crearía la reforma tenga recursos, el incremento en el déficit ronda el medio punto porcentual del PIB por año, lo que a precios de 2023 equivale a cerca de 8 billones anuales. Una vez agotados los recursos ahorrados en el FIPC, el déficit se agudiza de manera drástica—a cerca de dos puntos del PIB adicionales por año.
El gasto del sistema con reforma aumenta en cerca de 57% del PIB (del 139% a 196% del PIB). A precios de 2023 esa cifra supera los 900 billones de pesos.
Los cambios propuestos
Se proponen tres cambios que harían la reforma fiscalmente razonable, reducirían los efectos sobre el ahorro y el mercado de capitales, matizarían aún más los subsidios del Estado en la parte alta de la distribución y mejorarían las cargas de la reforma en términos intergeneracionales.
Umbral a Colpensiones en 1,5 salarios
Se plantea que un umbral más bajo, lo cual permitiría que el Estado garantice niveles de ingreso básico para los pensionados dejando en manos del ahorro individual—no de los subsidios—los complementos a los ingresos del pilar de reparto para las personas de mayores ingresos.
Además, dicen los autores que, reducir el umbral contribuiría a suavizar el costo fiscal entre generaciones: otro punto poco discutido de la reforma actual es que el costo grande del ajuste recae primordialmente sobre las generaciones futuras.
Aumentar edad de jubilación
Según Becerra, Mantilla y Hofstetter a medida que la esperanza de vida aumenta, también lo hacen los años de disfrute de la pensión.
Dicen que los sistemas solo serán financieramente sostenibles si balancean los años de contribución con los de disfrute de la pensión. Cuando Colombia sentó las bases del actual sistema pensional en 1993, la esperanza de vida al nacer era de 69 años; 30 años después, mientras se discute esta reforma, la cifra subió a 77, y dentro de 30 años más habrá subido a 83.
Es por ello que los tres plantean que cambiar las edades mínimas además de facilitar la sostenibilidad financiera, permitiría mayores pensiones una vez cruzado el umbral y un mayor número de personas lograría las semanas necesarias. Proponen un aumento menor, de solo 3 años para hombres y mujeres. Pero sería ideal que en la reforma quedara una edad de pensión atada a la esperanza de vida y por tanto haya ajustes pequeños y automáticos a medida que vivimos más.
Mantener semanas de cotización
El proyecto de Ley establece un bono en semanas por cada hijo para sus respectivas madres. Si se agrega ese bono, proponen mantener las semanas de cotización de las mujeres en 1300, al mismo nivel de las de los hombres.
El sistema les otorgaría a las mujeres una menor edad de jubilación relativa a la de los hombres y el bono de semanas por cada hijo. Se destaca que esos tres cambios tendrían importantes avances en la sostenibilidad fiscal y que haría el sistema más equitativo entre generaciones.
Comparado a un escenario sin reforma, la combinación de las medidas propuestas genera un esfuerzo fiscal adicional del 12% del PIB, es decir 45% del PIB menos que la reforma discutida.
