Bogotá — El presidente Petro sigue defendiendo su idea de inversiones forzosas para el sector financiero y como parte de su estrategia de reactivación económica. Tanto así que se espera que este semestre llegue al Congreso de la República un proyecto de ley, liderado por el Ministerio de Hacienda, con esta iniciativa.
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Sin embargo, son muchas las críticas que se han hecho a esta estrategia por las implicaciones que traería, no solo para el sector financiero, sino para quienes acceden a créditos y para la sostenibilidad del sistema.
El presidente de ANIF, José Ignacio López, indicó que las inversiones forzosas fueron frecuentes en Colombia hasta la década de los 90, sobre todo en el período de alta represión financiera tras la reforma financiera de 1951 y que en el desarrollo de la Ley quinta de 1973, con base en regulación anterior de 1957 y 1959, las inversiones forzosas fueron ganando participación hasta alcanzar casi un cuarto de los depósitos del sistema.
“Dicha experiencia revela cómo las inversiones forzosas afectan negativamente el costo del financiamiento, ya que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación. Este impuesto impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, en la medida en que reduce los recursos disponibles para que los establecimientos financieros asignen sus préstamos”, enfatizó el presidente del Centro de Estudios Económicos.
Adicional a eso, expresó que por estas razones, desde la década de los 90, se eliminaron gradualmente las inversiones forzosas, con la excepción del sector agropecuario donde todavía aplican a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), creados por la Ley 16 de 1990 y emitidos por Finagro.
Y que con las inversiones forzosas, según su opinión, pierden los empresarios, que tendrían menos recursos para demandar crédito y por tanto tendrían que pagar mayores tasas de interés. “Pierden también los ahorradores porque es probable que los bancos tengan que reducir las tasas de depósitos”, sostuvo.
A lo que concluyó que hay pérdidas de eficiencia porque la expansión de crédito, que en dicho caso recae en el sector público, puede llevar a pérdidas importantes si la asignación no es adecuada.
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Recordemos que lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro al respecto es que “se van a presentar las medidas al Congreso de la República para reactivar la economía, que van a consistir, y de una vez lo digo, en proyectos de ley que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo en Colombia”.
Asimismo, que es necesario que existan recursos para el sector popular y para impulsar la transformación productiva del país. “Que parte de esos capitales pueda fluir hacia el mundo popular, para trabajar, como reza este día, en la transformación de las cosas, la industria, en el surco, la agricultura y en el turismo”.
Pata otras voces como la del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, volver a esta idea de inversiones forzosas que el país desarrolló con fuerza en los años 60 “es una forma de imponer nuevos impuestos al sector productivo y financiero y con ello entorpecer o limitar el acceso al crédito al micro, pequeño, mediano y gran empresario”.
Por lo que aseguró que la medida “logra justamente el resultado contrario al esperado y además está demostrado en nuestra historia económica. Porque será que, como dice Moisés Naim, en este tipo de Gobierno sufrimos de “necrofilia política”.
