Bogotá — Las organizaciones sindicales han sido catalogadas como aliadas del Gobierno Petro. No solo por la prioridad en lo social que desde campaña propuso el hoy Ejecutivo sino porque a la cabeza del Ministerio del Trabajo, está una profesora y líder sindical: Gloria Inés Ramírez.
Pues bien, ese panorama parece nublarse porque, aunque los sindicatos apoyaron ampliamente la reforma laboral que radicó el Gobierno el pasado 16 de marzo, ahora critican la reforma pensional, sosteniendo que “a nombre del cambio, pensiones precarias”.
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Esa frase es de Diógenes Orjuela, director del Departamento de Relaciones con sectores sociales de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), y quien en entrevista con Bloomberg Línea, aseguró que “a nombre del cambio no se pueden hacer reformas que signifiquen retroceso en los derechos laborales”.
El dirigente sindical aseguró que “a los trabajadores, en general, que tienen salarios mayores a 3 salarios mínimos, que la mayoría de ellos están en Colpensiones, se les obliga a pasar parte de su cotización a los fondos privados. Cuando nosotros como central siempre hemos tenido una posición en contra del sistema de ahorro individual como una forma de pensionarse porque al final eso no sucede, no terminan pensionando”.
A lo que añadió que “se está deteriorando el régimen de prima media para los trabajadores que son los que tienen opción de negociación colectiva, como casi todos los trabajadores del Estado, del sector minero energético, sectores médicos y agroindustriales, que han logrado con sus luchas y convenciones colectivas mejoras salariales y ahora son castigados por esta reforma pensional”.
Las críticas de la CUT a la reforma pensional:
-La reforma acaba de tajo con la aspiración de los pensionados de lograr que el incremento anual de la pensión sea igual al incremento del salario mínimo, como se ha defendido por años desde las centrales. “El proyecto establece tajantemente que será por el IPC causado”
-Se rompe la posibilidad de que alguien logre en el régimen de prima media pensiones superiores al 65,5% y hasta el 80% del promedio de los últimos 10 años, trabajando luego de cumplir requisitos. “La reforma permite al patrón despedir al trabajador si no inicia de inmediato el trámite”.
-El proyecto de reforma golpea a los sobrevivientes amparados del pensionado fallecido, al reconocerle solo el 80% de la pensión y no el 100% que rige hoy.
-Reduce el subsidio del Estado y la protección de la pensión de prima media a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
-El directivo de la CUT manifestó que no solo debilita el fondo público y los manda por obligación a fondos privados, sino que disminuye la mesada pensional de esos trabajadores por la vía de sacarlos parcialmente de la prima media. “En el fondo privado hay menor tasa de reemplazo y dependencia de rendimientos”.
-Con los pilares solidario y contributivo, no solo se rompe el mandato constitucional de que no debe haber pensiones inferiores a 1 salario mínimo, sino que incorpora los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) del Decreto 1174.
-El aporte del pilar solidario a la población más pobre debe ser de $500.000 como se prometió. “Pero no puede considerarse una pensión, es una renta básica pagada con el presupuesto nacional y no con aportes de los trabajadores para el fondo pensional”.
-Poner la edad de 65 años igual para hombres y mujeres para acceder al pilar semicontributivo es una maniobra para inducir el aumento de la edad de pensión a 65 años, abriendo la compuerta con la población más desprotegida.
“La reforma acata el mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) de obligar a cotizantes a ir a privados para mantener el negocio, pero sobre todo, de eliminar la obligación del Estado de subsidiar pensiones, reducir el déficit fiscal y nivelar por lo bajo. A nombre del cambio, pensiones precarias”, concluyó Orjuela.
