Santiago — La agencia Standard and Poor’s (S&P) rebajó este jueves de “estable” a “negativa” la perspectiva a largo plazo de Chile, justificando su decisión en un debilitamiento en los consensos políticos en aspectos claves de la agenda política y económica.
“Las dificultades para empujar las propuestas legislativas se pueden traducir en el tiempo en un desempeño económico y perspectivas más débiles, así como en una mejora más lenta de las condiciones sociales. Además, un crecimiento estructural más débil continuará presionando el perfil fiscal y externo de Chile”, dijo la agencia de calificación financiera en un comunicado.
La agencia advirtió que si el país no responde a los riesgos indicados podría reducir su clasificación de riesgo dentro de los siguientes 12 a 24 meses.
Por otro lado, S&P confirmó la clasificación crediticia de Chile en A, destacando la sólida institucionalidad de la nación por sobre sus pares de América Latina y otros mercados emergentes, entre otras razones.
Mario Marcel, ministro de Hacienda, dijo que mientras la clasificadora de riesgo “valora lo que se ha avanzado en reducción del déficit de cuenta corriente de balanza de pagos, señala que, si no tenemos la capacidad para aprobar, en el proceso político, reformas que son necesarias para estimular el crecimiento y para fortalecer la posición estructural de las finanzas públicas, los riesgos de debilitamiento de la economía, van a ir creciendo”.
Según el secretario de Estado, todo ello tiene relación directa con los proyectos que se están discutiendo en Chile. “Creo que estas son señales de alerta, que es importante que nuestros dirigentes políticos, nuestros parlamentarios y parlamentarias sean capaces de escuchar lo que nos están diciendo. Entre las medidas que este informe identifica como iniciativas que fortalecerían la situación económica de Chile y por lo tanto reducirían su riesgo, están las propuestas que son parte del Pacto Fiscal, referidas al estímulo al crecimiento, al fortalecimiento del cumplimiento tributario y al aumento en los ingresos fiscales para poder sostener gastos fiscales permanentes”, dijo.
El Gobierno de Gabriel Boric está intentando avanzar en una agenda social que incluye un pacto fiscal, luego del rechazo de su proyecto de reforma tributaria, y una reestructuración del sistema de pensiones.
Pero estos planes han encontrado como principal traba la oposición en el Congreso. En los últimos cuatro meses, las fisuras entre el Ejecutivo y la oposición se profundizaron tras un caso de tráfico de influencias y corrupción, denominado “Convenios”, que vincula a fundaciones dirigidas por algunos militantes de partidos del oficialismo.